Por Carlos A. Afonso ROMA, Italia,
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Del 2 al 6 de marzo, en Roma, se reunió el Consejo de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) con los distintos comités de las llamadas organizaciones de soporte. Fue la más grande reunión anual hasta ahora, con más de 600 delegados de decenas de países, reunidos en más de 27 foros.
Brasil envió nueve delegados, siete de ellos vinculados al actual Comitê Gestor da Internet no Brasil [Comité Gestor de Internet en Brasil] (CGIBr), todos ellos miembros de por lo menos uno de los consejos u organizaciones subsidiarias de la ICANN, entidad civil con sede en California.
La misión central de la ICANN es bien específica: coordinar el sistema global de aviso y distribución de nombres de dominio y números IP —el sistema de direccionamiento entre computadoras de Internet— por delegación bajo contrato por tiempo determinado del Departamento de Comercio del gobierno de los EE.UU..
En la práctica, esta misión se desdobla en un gran número de obligaciones, contratos y actividades de coordinación y supervisión, además de la responsabilidad sobre la operación de los servidores raíz de direccionamiento de la red (los llamados «DNS root servers») —la mayoría de los cuales tienen sede en los EE.UU.—.
La complejidad de este conjunto de actividades termina por crear problemas de atribución y «zonas fronterizas» en los que muchos ponen en cuestión si la entidad tiene de hecho el mandato para deliberar sobre algunas de ellas.
La ICANN de hecho decide sobre su mandato en asuntos que juzga que puedan comprometer «la estabilidad y la seguridad operacional de la red», lo cual de por sí ya deja margen a cuestionamientos y dudas. Es obvio, por ejemplo, que el SPAM de correo electrónico, combinado con virus, representa la más grande amenaza en el momento a la estabilidad y a la seguridad de la red, debido a la carga creciente que significa la infraestructura de trasmisión de datos y en la operación de los servidores. Sin embargo la ICANN no incluye en su orden del día la resolución de esos problemas.
Otro ejemplo es el modo en que los distintos agentes que operan la infraestructura deciden cómo las distintas redes físicas realizan sus interconexiones. Hay varios problemas derivados de la forma no estandarizada en la que distintos países e incluso regiones resuelven ese problema —en algunos casos, se considera que la interconexión es un servicio público que debe reducir costos de tráfico y optimizar la velocidad, pero en otros se la encara como un servicio más con el que se puede ganar dinero. En el caso de Brasil, por ejemplo, en el 2002, la Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo [Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San Pablo]) decidió simplemente vender nuestro principal punto de interconexión a una empresa americana —y transformar la operación en un muy mal negocio para Brasil y para los usuarios de Internet en el país—. No hay en el mundo ninguna entidad internacional con autoridad para coordinar o proponer patrones en este campo y la ICANN tampoco considera suya esa atribución.
En la práctica, la ICANN se concentra en administrar un complejo sistema de delegación de atribuciones para la gestión (con o sin fines de lucro) de grandes grupos de nombres de dominio, que se dividen básicamente en dos vertientes: los dominios genéricos (simbolizados por gTLDs) y los dominios de país (simbolizados por ccTLDs).
Cuando fue creada la ICANN, el gobierno de los EE.UU. ya había delegado a una empresa (Network Solutions, hoy subsidiaria de Verisign) la función de registrador de algunos de los gTLDs más importantes de la red («.com», «.net» y «.org»), transformando así en una actividad que podría ser un servicio público sin fines de lucro en un negocio muy lucrativo. La ICANN, por lo tanto, no tuvo oportunidad, aunque lo hubiera querido, de revertirlo. Recientemente, sin embargo, actuó para retirar de Verisign el gTLD «.org» (destinado a entidades sin fines de lucro), pasándolo a una entidad sin fines de lucro subsidiaria de ISOC (Internet Society), denominada PIR (Public Internet Registry).
Peor: en forma gradual, la idea de ganar dinero con la venta de dominios se propagó hacia las entidades de cada país que recibieron delegación de la ICANN para funcionar como registradoras de sus respectivos ccTLDs. En algunos casos, el servicio (como en Brasil) se opera sin finalidad lucrativa.
En el caso de Brasil, por ejemplo, no hay comercialización o especulación financiera alrededor de nombres de dominio en el ccTLD «.br» —que sólo se pueden delegar a personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en el país—. De esta forma se mantiene la identidad nacional del ccTLD. El servicio se paga (una anualidad casi simbólica equivalente a cerca de US$ 10 por dominio registrado) con la finalidad de cubrir los costos operativos de la gestión del dominio en Brasil, coordinada por el Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIBr).
En otros casos, sin embargo, el dominio se comercializa, y se crea así una cadena de intermediación a partir del registrador oficial, de «registrars» (revendedores de dominios), tal como en el caso de los gTLDs. Aquí hay dos variantes de extrema importancia. Una de ellas se refiere a los registradores que, aun comercializando sus ccTLDs, los mantiene con la identidad de su país en Internet, como en el caso de Brasil.
Otra variante, cada vez más utilizada, sin embargo, permite la venta de dominios a cualquier persona o entidad de cualquier país, tenga o no-vinculación de cualquier tipo con el país a que pertenece el ccTLD. El ejemplo más conocido es el de Tuvalu, en el que el respectivo dominio «.tv» pasó a representar en Internet la industria de televisión, en lugar del país Tuvalu. Lo mismo ocurre en São Tomé y Príncipe («.st»), Isla Ascensión («.ac»), etc.. Pero ocurre también con un país grande como China («.cn»). En estos casos es común para el registrador oficial asignar un contrato con una empresa (no necesariamente del país) y entregarle todo el negocio de venta de dominios, recibiendo un porcentaje por ello.
Para un usuario de cualquier país que quiere registrar un dominio, hay en la práctica poca o ninguna diferencia entre un dominio de país como «.tv» o «.cn» o un gTLD como «.com» ó «.net». Las diferencias, para el usuario, pasan a ser tan sólo de orden económico (costo del registro) y promocional —qué dominio representa mejor su negocio en Internet—. En la práctica, por lo tanto, la frontera entre gTLDs y esos tipos de ccTLDs, para el usuario, deja de existir.
Sin embargo, mencionar ese hecho obvio o aun levantar ese asunto en las reuniones de la ICANN desata un debate nervioso en que la lógica se deja de lado y los tonos de voz se vuelven amenazadores. La razón es, evidentemente, el conjunto de buenos negocios involucrados. Si la ICANN acaso llega a decidir que los ccTLDs sólo se pueden distribuir (comercialmente o no) en el ámbito del respectivo país (como lo hizo Brasil), de modo que el ccTLD sea (como debería serlo, dicho sea) sinónimo del país en Internet, millones de dólares por año se dejarán de ganar, no sólo por el rey de Tuvalu y similares, pero sobre todo por las empresas que obtuvieron la licencia para vender esos dominios.
En verdad, hoy lo grueso de las actividades de la ICANN se concentra en los líos y disputas de negocios alrededor de los gTLDs. Recordemos que actualmente son los registradores de gTLDs los que aportan la mayor parte del presupuesto de la ICANN. Hay incluso quienes piensan (como yo) que, si no existieran gTLDs, la ICANN podría simplemente desaparecer, cediendo lugar a un consorcio mundial de entidades registradoras de ccTLDs. Y parece ser justamente el gran negocio de los gTLDs lo que hace que algunos miembros del Consejo de la ICANN se apeguen a sus cargos en forma voraz, aun si son voluntarios.
Una de las decisiones del Consejo de la ICANN, que no sufrió modificación en la reunión de Roma, fue la definición de un proceso muy oneroso y complejo (requiere un sofisticado plan de negocios como parte de la propuesta) para el que quiera crear y gestionar un nuevo gTLD.
Supongamos, por poner un ejemplo, que un grupo de organizaciones dedicadas a la preservación del medioambiente decide vindicar un nuevo dominio genérico —digamos, «.env»—. Sólo la tasa para inscribirse como candidato a obtener un nuevo dominio está en alrededor de US$ 45 mil, perdida por el candidato si la ICANN no acepta el pedido del nuevo dominio (o lo pasa a otro), sin contar los gastos del desarrollo de un detallado plan de negocios. Inviable para la mayoría de los grupos ambientalistas del mundo. La cosa es sólo para grandes empresas, evidentemente.
A este grupo le quedaría intentar localizar un ccTLD dispuesto a hacer negocio y cuya sigla tenga que ver con la causa ambientalista —preferentemente, de alguna pequeña isla-nación perdida en el Pacífico o algo así… Pero es casi seguro que todos los ccTLDs disponibles para ello ya fueron negociados.
Una conclusión evidente es que la coordinación mundial de gTLDs, junto con las administraciones de ccTLDs (con cada vez más raras excepciones) se convirtió en un gran mostrador de negocios, una especie de «franchise» confuso que da margen a acciones legales de todo tipo. Para completar el escenario, es cierto que en la mayoría de los casos los responsables por los ccTLDs no consultaron a la opinión pública de sus países para saber si querían que la identidad nacional en las direcciones Internet se vendiera simplemente y perdiera su carácter como dominio de país.
En el caso de los gTLDs, la ICANN todavía tiene la tenue oportunidad de cambiar paulatinamente algunos aspectos del negocio, ya que las concesiones de dominios para los registradores son por tiempo determinado. Por ejemplo, el gTLD «.net» expira el 30 de junio de 2004 y podría ser redelegado a un registrador que por lo menos garantizara que el dominio efectivamente representa empresas e instituciones de redes de telecomunicación. O, por lo menos, podría ser gestionado por otro registrador, para disminuir el poder del casi monopolio de Verisign. ¿Quién se habilita?
Pero no tengamos ilusiones: en el caso del «.org», como dice la página de registro del PIR, «“.org” is the domain for noncommercial organizations and activities. Registration is open to everyone.» Podrían agregar, pero no hace falta: «money is money»…
Varios otros asuntos van a ser tratados en los próximos textos, no necesariamente en este orden: la aprobación del servicio de lista de espera de dominios (WLS), a pedido de Verisign; las consecuencias del servicio SiteFinder (otro negocio de Verisign); la creación de una nueva organización de apoyo (la ccNSO, representando los registradores de ccTLDs); la creación de un Comité de Resolución de Conflictos (por como están las cosas, es probable que los propios miembros del comité se peleen entre ellos); la indicación del nuevo presidente (chair) del Comité de Nombramientos (el todopoderoso comité de las sinecuras ocupadas en el Consejo de la ICANN); la política de resolución de disputas sobre dominios (UDRP); la discusión mundial, pos Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, sobre alternativas a la actual estructura de gestión, etc..
* Carlos A. Afonso es director de Planificación y Estrategias de RITS
