Por Jamila Venturini, coordinadora regional de Derechos Digitales Publicado en APCNoticias
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La actual crisis de salud ha evidenciado aspectos de la realidad social que hasta hace poco algunas personas intentaban no ver. En el ámbito educativo, el cierre de escuelas y universidades y el intento de mover las actividades al ambiente virtual dejó expuesta la ficción que es el acceso universal a internet en Brasil – incluso en grandes centros urbanos, así como las innumerables limitaciones de confiar la enseñanza a tecnologías digitales.
El discurso sostenido por algunos actores de que las tecnologías serían capaces de mejorar la educación y aún transformar las prácticas pedagógicas parece caerse por tierra frente a la constatación de que la escuela y las docentes siguen siendo centrales en los procesos de enseñanza en un contexto de innumerables brechas digitales. Irónicamente, mientras son muchas veces excluidas de los procesos de toma de decisiones políticas, son ellas las responsables por impulsar la innovación, incluso frente a la ausencia de apoyo institucional o de una infraestructura adecuada para el uso de las tecnologías.
Del mismo modo que llevan sus propias computadoras al aula, una parte significativa de las profesoras proponen por su propia iniciativa el uso de tecnologías en la interacción con alumnos y alumnas. El rápido avance en la adopción de soluciones comerciales durante la pandemia para facilitar el aprendizaje remoto es prueba de la falta de preparación previa de las escuelas públicas en ese sentido. Los múltiples acuerdos establecidos entre secretarías de educación o universidades y corporaciones internacionales de tecnología muestran también que existe un interés de estas empresas en el sector educativo.
En el caso brasileño, muchas ya avanzaban silenciosamente por las escuelas y universidades en los últimos años. Una investigación desarrollada por un grupo de académicos y publicada poco antes del cierre de las instituciones educativas muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación del país utilizaba servidores de empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft en alguna de sus operaciones. Las principales opciones son Microsoft y Google, cuya solución dedicada al mercado educacional ya tenía 70 millones de usuarios en 2017.
El interés comercial de estas empresas en promover sus sistemas entre un público de escasos recursos económicos puede ser parcialmente explicado por el modelo de negocios que adoptan y que depende de cantidades cada vez mayores de datos para generar valor. Cuanta más información esté disponible para el desarrollo y entrenamiento de sus algoritmos, más precisas serán sus proyecciones de comportamientos y, con eso, más caros podrán vender sus anuncios personalizados o sus productos basados en tecnologías de predicción.
Al detallar el funcionamiento de ese modelo de acumulación de valor, Shoshana Zuboff recuerda la declaración de empresarios de Google de que cualquier cosa que aumente el uso de internet enriquece la empresa y cualquier bit de datos tiene potencial valor para ellos. Tales declaraciones explican por qué grandes corporaciones comerciales invierten en la oferta gratuita de sus herramientas para el sector educativo.
Si para las empresas las y los usuarios son transparentes, quien quiera entender cómo se da la recolección y usos de datos durante la interacción con sus plataformas puede encontrar dificultades. Los términos y condiciones de uso en general no son explícitos o comprensibles en los compromisos y protecciones ofrecidos por parte de la empresa proveedora de la solución. En el caso del Google Apps for Education, una investigación detectó diferencias entre como la empresa presentaba el tratamiento de datos ingresados activamente en la plataforma y los recolectados de manera automatizada durante el uso.
Los llamados “metadatos” asociados a las interacciones desarrolladas en el ambiente digital – como palabras utilizadas en la búsqueda de contenidos, las páginas visitadas, el tiempo de permanencia en estas páginas, etc. – pueden revelar hábitos sensibles como los relacionados a la salud, preferencias sexuales, religiosas o políticas. Además de representar una intrusión a su intimidad y la violación del derecho a la privacidad, el costo de la recolección y uso de una infinidad de informaciones sobre millones de niñas, niños y adolescentes puede ser aún más alto si las predicciones automatizadas son utilizadas para orientar sus intereses.
La “personalización” facilitada por la recolección y análisis de datos y la inferencia sobre los intereses de los individuos en el ámbito educativo puede interferir directamente en su derecho a desarrollar su personalidad de manera libre. Las sugerencias resultantes de procesos automatizados también pueden incorporar sesgos y estereotipos sociales por diseño. No sería difícil, por ejemplo, que un sistema de inteligencia artificial concluyera que debe promover para las niñas contenidos de las llamadas “humanidades” y a los niños de las ciencias y matemáticas. El sesgo de género ya se observó en diversas otras aplicaciones de automación.
En un país desigual como Brasil el propio derecho a la educación puede verse afectado por un sistema que tratara de optimizar las decisiones de las y los jóvenes sobre su futuro profesional a partir de proyecciones sobre sus comportamientos e intereses. Además de ser precozmente incluidos en un enmarañado de relaciones mercantiles, sus derechos a la igualdad y no discriminación pueden terminar seriamente heridos al depender de los usos previstos de esos sistemas.
La pandemia no puede ser utilizada como justificativa para que agentes privados se apoderen de manera indiscriminada de datos personales de millones de niños y adolescentes sin mayores garantías. Si bien el apoyo del sector empresarial es bienvenido en la urgente respuesta al avance del Covid-19, en la ausencia de transparencia y compromisos explícitos con la efectiva protección de las personas implicadas, la oferta gratuita de soluciones educativas por parte de grandes conglomerados de tecnología no pasa de oportunismo y busca explotar la población en su momento de mayor fragilidad.
Ante todas las crisis desatadas por la llegada del coronavirus a Brasil, son también las profesoras las que han tratado de adaptarse y dar cuenta de la nueva realidad de la educación a distancia, incluso bajo las condiciones más precarias. Ellas no pueden ser excluidas de las decisiones sobre los modelos y estrategias que serán adoptadas ahora y después de la pandemia. Es fundamental munir a la comunidad educativa de capacidades para evaluar las opciones existentes y sus consecuencias para garantizar que el uso de tecnologías en la educación implique más – y no menos – autonomía y libertad para docentes y estudiantes.
