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Al menos 9 millones de mujeres en México han vivido violencia digital, reciben más propuestas de carácter sexual (30.8% mujeres, 13.1% hombres) y más contenido sexual no solicitado (23.9% mujeres, 14.7% hombres), según el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI (2017).
Entre los tipos de violencia digital contra las mujeres, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es usada como forma de coerción para obligar a sostener relaciones no deseadas, o llega a niveles organizados a través de redes de “packs”, que son conjuntos de archivos acumulados de imágenes íntimas que son intercambiadas por otros para nutrir bases de datos de escalas mayores, en las que intermedian extorsiones y amenazas.
En los últimos años esta forma de ataque se ha vuelto una preocupación pública, se han generado campañas, cobertura mediática y una ola reformista que ha buscado que se reconozca como delito en los códigos penales a nivel estatal.
Las críticas
Organizaciones han subrayado las imprecisiones de las reformas, pues consideran que abren la puerta a la restricción injustificada de otros derechos como la libertad de expresión, que algunos términos son ambiguos y se establecen sanciones desproporcionadas (Article 19). Especialistas apuntan que se legislan conductas que ya son delitos en los mismos códigos penales, y no se contemplan otras vías de resolución como la civil.
¿Las reformas se han traducido en mayor acceso a la justicia?
México es un país de leyes sin justicia. En 2018 el 93.2% de los delitos no se denunciaron y en el 51% de las averiguaciones previas no pasó nada (INEGI, 2018). Las reformas de violencia sexual digital enfrentan el mismo reto y por eso es pertinente preguntar ¿cuál es el impacto que han tenido?, ¿desde su aprobación están siendo una vía real para el acceso a la justicia de las mujeres?
En Luchadoras queremos contestar estas preguntas, para ello estamos investigando cuáles son las diferencias entre las reformas estatales, cuál es el nivel de denuncias en los estados donde se han adoptado, y si han garantizado un mayor acceso a la justicia y la reparación.
Con base en la información de dos estados que adoptaron primero estas reformas, Chihuahua (2017) y Jalisco (2018), hemos llegado a tres hallazgos principales.
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Imagen: "Illustrations about violence" por Sveta Mullari (Behance, CC BY-NC-SA)
