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Hace poco más de una década, hablar de derechos humanos en internet desde América Latina parecía un ejercicio un tanto forzado: se trataba de tecnologías con muy limitado acceso por la población, aparentemente útil para una cantidad restringida de tareas, con un potencial gigantesco pero cuyos desafíos regulatorios palidecían a la luz de los requerimientos de justicia social durante las últimas décadas del siglo pasado. Hoy, en cambio, una gran parte de nuestra vida social, laboral, cultural y económica se desarrolla a través de las tecnologías. Hoy, mucho del potencial de la red se ve materializado en las interacciones de millones de usuarios y usuarias y de la forma en que ejercemos derechos básicos mediados por lo digital.
Particularmente en nuestra región, durante los últimos años hemos visto que estas tecnologías maravillan a tomadores de decisiones. Como si por ciertas características ocultas, estos dispositivos permitieran de manera automática la mejora de las condiciones materiales de nuestra sociedad y su sola adopción nos acelerara el camino al desarrollo. Sin embargo, estos espacios también suponen un arma de doble filo. Es cierto, por un lado, que la masificación de medios digitales ha permitido el uso de plataformas nunca antes vistas en la historia para organizarnos y amplificar nuestros mensajes. Esto implica una oportunidad, quizás única, para el desarrollo de derechos como la libertad de expresión, información, asociación, reunión, entre otros. Pero al mismo tiempo, estas nuevas tecnologías suponen una amenaza latente. El espionaje y la censura son más fáciles y menos costosas que antaño y, además, las desigualdades y esquemas de discriminación se han traducido también al mundo online con sus propias particularidades y problemas inherentes.
Sin ir más lejos, el proyecto que dio vida hace ya más de diez años a Derechos Digitales comenzó en Chile tratando de influir en las nacientes políticas públicas digitales y en aquellas que vinculaban la tecnología con el ejercicio de derechos civiles, en un rincón de la región con una turbulenta historia reciente en materia de derechos humanos, con fuertes tensiones sociales y políticas, y con una progresiva narrativa de seguridad más amplificada que los discursos sobre libertades y garantías, todo lo cual parecía traspasado al entorno digital. Cuando decidimos expandir nuestro trabajo al resto de la región, nos encontramos no solamente con un lenguaje común e historias afines, sino también con fuertes tensiones sobre la lectura, el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales.
En pocos lugares esas tensiones son tan palpables como en México. La complejidad política, la seria crisis de derechos humanos y los constantes cuestionamientos institucionales por parte de la sociedad civil ameritan un análisis serio, que abone al debate democrático, pensando en las oportunidades que entrega internet para el ejercicio de los derechos humanos desde el contexto local.
Actualmente, los regímenes legales no dan cuenta de la rapidez con la que se mueven las nuevas tecnologías y sus consecuencias. Frente a este desfase, el fenómeno regulatorio en México es muy particular, sobre todo desde el movimiento estudiantil #YoSoy132, que propuso una narrativa que confrontaba al poder desde la internet misma. Más que producto de una escasez de conocimiento de los legisladores, las leyes que se han promovido denotan una aproximación con temor a este medio: un espacio descentralizado que da cabida y permite amplificar los discursos más críticos. De la lectura de algunas propuestas pareciera que internet, en particular, requeriría una regulación urgente, como una forma de resolver un espacio opaco, donde no reinaría el estado de derecho sino el caos del insulto anónimo.
Los debates en torno a la Ley Telecom y la Ley Fayad son tan solo dos ejemplos que ilustran lo anterior. Por esa razón, hacer un libro en México no es fortuito ni es un mero capricho. ¿Cómo regular la tecnología para permitir que se fortalezcan nuestros derechos y se eviten los abusos? ¿Cómo idear políticas públicas que permitan la protección del disenso y la construcción de una democracia robusta? Ambas preguntas son el eje central de este libro y sus respuestas se buscan desde las leyes y la realidad política de México.
Con esto en mente, este libro busca una aproximación a los fenómenos regulatorios desde una perspectiva de políticas públicas para proponer estrategias, oportunidades y distintos lineamientos de regulación en cada materia. Para llegar a ello, hemos reunido a diversos personajes de la vida pública mexicana que, por su especial trayectoria, reflexionan sobre seis distintos temas: anonimato, violencia de género, vigilancia de las comunicaciones privadas, protesta social, neutralidad de la red y gobierno abierto.
Cada autor y autora expresa su visión desde México, con la mirada puesta en las reglas del futuro para fenómenos actuales que vinculan derechos fundamentales y tecnologías. Se trata de temas complejos, con múltiples aristas tanto globales como locales. Autoras y autores expresan su propia opinión y sus propios argumentos, que no coinciden necesariamente con la visión de Derechos Digitales pero que, sin duda, aportan al enriquecimiento de los debates sobre internet en México. Todas, discusiones que pese a parecer a veces abstractas o lejanas tienen impactos reales sobre la vida de las personas y el ejercicio de sus derechos. El solo hecho de plantear sus opiniones para esos debates y ponerlas a disposición del público, constituye un avance importante que agradecemos. Más reflexiones en el ambiente permiten un debate público más honesto, informado y robusto.
En el capítulo denominado “En defensa del anonimato”, coescrito por Antonio Martínez Velázquez y José Flores Sosa, los autores dan cuenta de una de las discusiones más actuales en el ámbito de internet: ¿es el anonimato una herramienta para la libertad de expresión o un mecanismo que fomenta el abuso y las actividades criminales? En este capítulo se argumenta cómo la economía actual en línea se preocupa por la construcción de un “perfil del consumidor” de múltiples servicios a partir de la recopilación masiva de sus datos en la red, mismos que se monetizan y se venden como publicidad. Las preguntas son amplias y complejas. ¿Cómo proteger el derecho al anonimato desde aquí? ¿Qué papel juega el anonimato frente a la tradición impuesta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la criminalización de las “capuchas” por parte del gobierno? ¿Qué lineamientos deben seguirse para también respetar y garantizar derechos de otros terceros?
Estefanía Vela Barba y Erika Smith tratan un tema pocas veces abordado desde una perspectiva de políticas públicas: “La violencia de género y las tecnologías de la información”. Las autoras reflexionan acerca de la violencia de género en línea, los derechos humanos que se afectan y, sobre todo, qué soluciones se requieren para atender a las víctimas sin promover la censura en internet. El capítulo hace notar cómo siguen operando los viejos estereotipos de género en las nuevas tecnologías, abordando fenómenos tristemente extendidos como la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas, la difamación, el acecho o el acoso, en muchos casos con un fuerte componente sexual y de violencia. La reflexión se complementa con casos paradigmáticos como el de Menstruadora, una activista feminista que se vio obligada a cerrar sus redes sociales, y la madre de Axan, que recibió amenazas de muerte luego de permitir a su hijo llevar el cabello largo a la escuela.
En el capítulo “La vigilancia y su impacto en el derecho a la privacidad en México”, Luis Fernando García y Jesús Robles Maloof cuestionan una narrativa muy común en los gobiernos de nuestra época: cómo el discurso de seguridad justifica las intromisiones en el derecho a la privacidad de nuestras comunicaciones. Se dice que para poder combatir el crimen deben implementarse medidas de vigilancia como la interceptación de llamadas y mensajes, la geolocalización o la instalación de software malicioso en nuestros teléfonos y computadoras. Uno de los problemas principales es que estas medidas suponen un alto poder invasivo, al mismo tiempo que, por su propia naturaleza, son invasiones secretas, que puede prestarse a serios abusos por las autoridades. En este sentido, ¿cuáles son las leyes más problemáticas en el derecho mexicano? ¿Qué lineamientos de política pública deben seguirse entonces para equilibrar los derechos en juego y disminuir la arbitrariedad? Los autores indagan en estas preguntas y esbozan algunas respuestas.
Alberto Lujambio Llamas y José David Aroesti Ventura tratan “La criminalización de la protesta social” en México, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital. Históricamente, el aparato político mexicano ha reprimido el disenso y los movimientos sociales en sus diversas manifestaciones, como ocurrió en la matanza de Tlatelolco en 1968, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con #YoSoy132 y con los movimientos de solidaridad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Frente a este gran aparato represor, internet ha sido una herramienta de amplificación expresiva y organización simultánea a través de trending topics, hashtags, likes y memes de plataformas como Twitter y Facebook. Si la protesta es esencialmente pública, ¿podemos esperar que estos espacios digitales, controlados por privados, respeten una expresión pública? Para proponer lineamientos y ejes de política pública, los autores toman como base la “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet” con el fin de establecer parámetros que permitan el disenso.
En el capítulo “Neutralidad de la red en internet”, escrito por Alejandro Pisanty y Erik Huesca, se plantea un desafío desde lo técnico a la concepción política de neutralidad de la red defendida alrededor del mundo. En el texto, los autores buscan aclarar los principios técnicos que rigen el funcionamiento de la red, incluyendo el trato sin discriminación, restricciones o interferencias de lo que transita por las redes. Sin embargo, para entender las implicaciones de este postulado en términos económicos y de derechos humanos, se debe dejar muy claro el funcionamiento de internet a nivel de protocolos, a salvo de los intereses comerciales de las empresas que operan en la red, pero también a salvo de los intereses estatales. Los autores ensayan así una dimensión distinta a una discusión compleja y altamente debatida.
Por último, Juan Manuel Casanueva escribe sobre “Gobierno abierto en el contexto mexicano” y las paradojas inherentes a este concepto. En 2015, la reunión anual de la Alianza para el Gobierno Abierto se llevó a cabo justamente en la Ciudad de México. La sociedad civil criticó fuertemente el evento, pues al mismo asistieron varios funcionarios públicos acusados de corrupción e inclusive se impidió el paso a diversas organizaciones de derechos humanos. Casanueva expone la paradoja mexicana: existen compromisos explícitos y resultados visibles en cuanto a los mecanismos de apertura de información, pero distintos gobiernos mexicanos no han dado muestras transversales de transparencia, apertura a la participación ni descenso de la corrupción. El cuestionamiento que subyace es cuánto aportan, entonces, las políticas de gobierno abierto a mejorar la transparencia y a hacer nuestros gobiernos más abiertos al control público.
En cada capítulo, cada autora y autor aportó una investigación y un conocimiento invaluables tanto de las materias abordadas como de la realidad mexicana. La mezcla de derechos tan complejos y su ejercicio en un medio aún desafiante como internet, ameritan un profundo debate que permita robustecer los principios democráticos y el ejercicio de derechos fundamentales.
Ese debate no comienza ni se agota con internet, pero propender a propuestas de prácticas y políticas públicas sobre la red desde los derechos, ayudará al desarrollo de los mismos hacia el futuro.
Con ese espíritu, buscamos entregar un aporte al contexto mexicano en la lucha por una internet abierta, libre, segura y plural. Un espacio en el que florezcan los derechos y no sobrevivan las amenazas. Un lugar de resistencia y de construcción de nuevos paradigmas. Un espacio para que los derechos fundamentales históricamente amenazados inicien un ciclo virtuoso hacia un pleno ejercicio. México es, sin duda alguna, un terreno fértil para ello.
