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Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la vida cotidiana de las personas ha sido trastocada, limitada y digitalizada enormemente. Ante esta situación emergente es aún más clara la desigualdad entre quienes cuentan con internet de banda ancha en sus hogares y quienes no.
En las zonas rurales o precarizadas la conectividad es nula, deficiente y/o costosa. Desde siempre, estas zonas reciben una vulneración de sus derechos esenciales, desatención del Estado y falta de propuestas acordes de parte de proveedores privados que no consideran rentable dar cobertura en esos lugares.
Por esta razón, esas comunidades están padeciendo numerosas carencias, la imposibilidad de ejercer sus derechos a la salud, la educación, al trabajo, entre otros y afrontando gastos excesivos y privativos para afrontar esta nueva realidad.
Estas características habilitan un abanico de posibilidades para desarrollar herramientas de comunicación digital que acercan soluciones reales para lograr el acceso a sistemas de salud y educación, para sostener el entretejido social, fomentar la economia local, fortalecer las redes de apoyo en violencia de género, facilitar herramientas de teletrabajo, garantizar el acceso a la información, favorecer el entretenimiento, entre otras cosas.
En el actual escenario de aislamiento social, las etapas de trabajo de despliegue han sido adaptadas mediante este protocolo específico que garantiza las recomendaciones de distanciamiento social y prevención de COVID-19, sumado al trabajo de acompañamiento, formación y soporte remoto para comenzar redes comunitarias en Latinoamérica junto a las comunidades que decidan organizarse para co-crear ellas mismas sus pedacitos de Internet.
Consulta el protocolo en el sitio web de Altermundi o descárgalo aquí.
