Derechos en internet
El Estado colombiano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y expresión en las redes y en las calles.
Estamos incorporando lo aprendido durante el Encuentro de miembros 2020 y definiendo nuestra visión de largo plazo, además de celebrar el trabajo de los últimos 30 años y ampliar nuestro compromiso con el activismo, la solidaridad, la resistencia y la transformación colectivas.
¿Cómo acercar conocimientos técnicos a organizaciones que trabajan por el cambio social?, se preguntaron en 1995 un grupo de ingenieros argentinos que compartían una militancia social en comunidades de base. De esta pregunta surgió la asociación civil Nodo TAU, hace ahora 25 años.
El 28 de septiembre, la Diputada Loria Raquel Dixon Brautigam presentó al Poder Legislativo de Nicaragua una iniciativa para expedir una “Ley Especial de Ciberdelitos”, además de una serie de derogaciones al Código Penal. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el contenido de la iniciativa que, de concretarse, representaría una grave lesión a...
La Fundación Escuela Latinoamericana de Redes puso a disposición de la comunidad el portal Dilo Mujer, una plataforma web que ofrece recursos sobre violencia contra las mujeres.
El miembro de APC Intervozes presentó el documento “Aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en internet”, elaborado en conjunto con entidades y expertos/as latinoamericanos/as.
Hay una tendencia creciente a hacer responsables a los intermediarios de internet de controlar la red. Fuera de Sudáfrica, el estado de la responsabilidad de los intermediarios en el África Sub-sahariana no es muy claro. APC llevará a cabo estudios en seis países para evaluar la situación actual.
El texto final que será analizado por el Congreso es todavía incierto. La falta de transparencia es solo una arista más de un proceso marcado por las restricciones a la participación de múltiples partes interesantes y propuestas legislativas mal formuladas, que pueden implicar serios riesgos a la libertad de expresión y privacidad.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que las medidas del gobierno salvadoreño ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos.
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) 2022
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