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La ciberseguridad ha adquirido una relevancia cada vez mayor en las agendas de los gobiernos y los actores privados, pasando de ser un tema de exclusiva incumbencia de los técnicos del área de la informática, a un foco de política pública en donde intervienen académicos, empresas, periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil. Los ataques informáticos de gran escala, cada vez más sofisticados y frecuentes, han transformado a la ciberseguridad en un tema de interés para la opinión pública, prioritario para el mantenimiento del modelo de negocios de las empresas que dependen de la red y de relevancia estratégica para los gobiernos. Chile no ha estado exento de esta tendencia, sufriendo distintos ataques informáticos de escala mundial y comisión de delitos informáticos.
Por otro lado, las revelaciones de espionaje gubernamental masivo, como el revelado por Edward Snowden en junio de 2013, han ayudado a generar un consenso cada vez mayor respecto a la necesidad de un internet abierto, democrático y seguro para el correcto desarrollo de la libertad de expresión, la economía, el consumo de bienes culturales y el intercambio de ideas. De lo anterior se deduce la necesidad de contar con políticas nacionales que permitan coordinar y generar una hoja de ruta clara para el diseño, implementación y puesta en marcha de medidas que permitan proteger la seguridad y los derechos de los usuarios en el ciberespacio.
El presente informe tiene como objetivo medir el impacto de la participación de los distintos actores que fueron parte del proceso de elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad en Chile.
