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Imagen: "Crowd in front of Congreso" por Beatrice Murch bajo licencia Creative Commons (www.flickr.com/photos/blmurch/4002694625/)

Vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe y profesor de Derecho de la Información, el nuevo miembro de APC Damian Loreti es uno de los principales especialistas en libertad de expresión en la región. Catorce años después de la elaboración del documento de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, del que fue uno de los impulsores, hablamos con él sobre avances y retrocesos en este ámbito en Argentina y en el resto de la región.

APCNoticias: Tanto los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, de los que fuiste impulsor, supusieron grandes victorias. Sin embargo, la ley fue modificada en 2016 por un decreto del presidente Macri que diluyó su carácter antimonopólico, beneficiando a los principales medios de comunicación del país. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido y en qué punto estamos?

Damián Loreti: La cuestión es ciertamente bien compleja y debe ser puesta en contexto. La polarización política en América Latina toca de lleno a los medios de comunicación, como parte del poder político y económico. Por eso, cuando se debate cualquier tipo de iniciativa de expansión de derechos o distribución de la riqueza la respuesta es unívoca y cerrada. En casos como la toma de voz pública, la hostilidad es aún mayor. Tanto el poder judicial como el poder mediático tienen lo que Bourdieu llamaba el “poder de nombrar”. Las iniciativas populares que rompen los moldes son maldecidas como no respetuosas de las instituciones o en violación de la Constitución, por lo que una de las batallas por el significado en el acoso judicial que durante largos años sufrió la ley que propusimos es que era inconstitucional hasta que la justicia dijera lo contrario. Pero la cuestión es justo la contraria. Las leyes son constitucionales hasta que la justicia decreta su no aplicación con sentencias definitivas. No es que pese la regla de la mayoría, sino que lo que vale es el respeto a los estándares de derechos humanos. En ese sentido, en aquel momento ganamos una batalla cultural y de significado. Frente a la lógica de “la mejor ley es la que no existe”, en Argentina es sentencia, con fuerza de cosa juzgada, que las regulaciones sirven para garantizar el derecho a la comunicación, tal como todos los relatores de libertad de expresión lo han afirmado desde 2007. 

APCNoticias: ¿Qué enseñanzas podemos extraer de ese proceso?

Damián Loreti: La primera enseñanza es que se puede construir una ley con un buen proyecto, voluntad política y respaldo popular convencido. En las escuelas y en los estadios se hablaba de política de medios. 

La segunda enseñanza es que las reglas de medios no giran en el aire. Forman parte del campo de batalla político y jurídico. Hay quien juega del otro lado a quienes preferimos la expansión de derechos y no se queda quieto a esperar qué sucede. Se mueven hilos visibles e invisibles. En Argentina, con el famoso caso “Clarín”, la propia cámara de apelaciones que había dado una medida cautelar para no aplicar dos artículos de la ley luego los declaró constitucionales y plenamente aplicables. Lo mismo la alianza regional de medios que estigmatizó cualquier movimiento por mínimo que fuera, publicando lo que ahora serían “fake news” por el hecho de decir las mismas frases que daban los relatores de libertad de expresión de la ONU o la OEA y anunciando catástrofes terribles para el destino de la libertad de expresión.  

La tercera enseñanza, también basada en que la legislación de medios no gira en el vacío, es que a los conservadores no les interesan ni los derechos humanos, ni la institucionalidad ni los compromisos internacionales.  

APCNoticias: Haciendo una reflexión autocrítica en cuanto al proceso, ¿qué se pudo haber hecho diferente? 

Damián Loreti: Si reducimos el problema al destino de la ley de medios, lo que ocurrió fue una anomalía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que había una grave regresión y conminó al estado a volver a dictar leyes democráticas. La ONU recomendó volver a la ley anterior, dados los vicios formales y de fondo del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la ley. Pero si analizamos lo ocurrido en los primeros cuatro o cinco meses, vemos que formó parte de algo mucho más amplio, de una política agresiva con los sectores populares y medios y con las propias instituciones. Leyes de blanqueo de fondos usadas por los parientes de los funcionarios a los que se autorizó por decreto, aun cuando la propia ley no admitía el supuesto, desconocer las órdenes de la CIDH y el grupo de detención forzada de la ONU respecto a una detenida irregularmente, intentar designar jueces de la Corte Suprema por decreto sin acuerdo del Senado, endeudamiento en un año por valores mayores que los de toda la historia de pagaderos a cien años... No hay error en esto, decenas de miles de despidos en las reparticiones públicas. En suma, por más que se hicieran cosas de diferente modo, era muy difícil pensar en que se sostuviera lo logrado por la sola vigencia de la institucionalidad que este gobierno no quiere respetar. La Corte Suprema ha llegado a ignorar un fallo de la Corte Interamericana, declarándolo no aplicable. En este marco la ley de medios es un nudo más de una larga soga. 

Lo dicho no significa que se haya hecho todo bien. La falta de realización de concursos para adjudicaciones de licencias, sobre todo para los sin fines de lucro – cooperativas y comunitarios, también sindicales – dejó una base con mucha menor sustentabilidad institucional o de paisaje plural que la que hay, pero es difícil asumir que de haberse hecho mejor las cosas el gobierno conservador que nos rige apartándose hasta de los estándares de derechos humanos no hubiera arrasado con igual contundencia. Lo mismo si se hubiera aceptado el modo de la “adecuación” del Grupo Clarín a los extremos de la ley luego de la sentencia de la Corte Suprema rechazando la demanda contra la ley de medios. El reclamo del sector más vulnerable es que no se dieron las licencias conforme a ley. Es grave y es cierto en los lugares mas poblados, recién se iniciaron concursos de adjudicación muy al final y no todos se finalizaron. Pero la debacle de la institucionalidad democrática de los medios no es imputable a esas fallas. Este gobierno ha avalado la revisión de cómo no deben autogobernarse las fuerzas armadas que el presidente Alfonsín había planteado en 1984. Recién a fines de año 2017 las cosas se empezaron a torcer y la política del gobierno empezó a recibir un rechazo más activo. De hecho, cuando la CIDH le requirió por el DNU en 2016, el Estado le prometió hacer una serie de debates y consultas y tener el proyecto en 180 días. Este plazo fue prorrogado cinco veces y no hay proyecto a la vista. No se conocen declaraciones públicas de la CIDH al respecto y el poder judicial ha rechazado amparos por pedidos de acceso a la información pública para ver los expedientes que contendrían el nonato proyecto. Sería injusto – con este contexto – pensar que de haberse hecho mejor las cosas en esta actividad la restauración de poder y negocios de los medios concentrados que apoyan al gobierno hubiera sido diferente.

APCNoticias: Ante este contexto legal adverso en el país, ¿cuáles crees que son los principales bastiones donde la ciudadanía aún encuentra espacio para ejercer su libertad de expresión? ¿Qué grietas de resistencia debemos apoyar?

Damián Loreti: Hay una participación popular creciente y sostenida en las manifestaciones callejeras. En estos días que escribo hubo una movilización en defensa de las universidades nacionales públicas promovida por los sindicatos de docentes y las federaciones estudiantiles que se calcula en más de 400.000 personas solo en Buenos Aires, además de otras en las provincias. Ha habido, a propósito de esta movilización, clases públicas en plazas y calles. 

Al mismo tiempo, periodistas desplazados de sus medios por presiones gubernamentales han iniciado el desarrollo de blogs, canales en YouTube, emisoras de radio en internet... Varios de ellos acumulan más de cien mil usuarios únicos por semana. El movimiento de radios comunitarias sigue estando muy activo, pese a las restricciones económicas emergentes del ajuste económico general y la manipulación de la pauta publicitaria. Hay una creciente actividad de ciertas universidades a través de sus canales de TV y emisoras de radios obtenidas por la concepción de la ley de fortalecimiento de los medios públicos.

APCNoticias: ¿Es el caso de Argentina paradigmático de los avances y retrocesos en cuanto a libertades en la región?

Damián Loreti: Lo es, y no sólo en lo mediático sino también en la aplicación de ajuste económico, fuga de divisas y reaparición de casos de represión. En lo mediático es más visible por haber sido la primera ley de la región que recibiera felicitaciones y bienvenidas de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la OEA, tanto como de UNESCO. Quizás con críticas menores al texto, pero siempre reconociendo que era un paso gigante en comparación con la herencia de la “ley” de la dictadura empeorada en los noventa que todavía mantenía las reglas de censura por aplicación de la doctrina de la seguridad nacional de los 60/70. El caso es que ciertas tendencias como la del “Lawfare” son regionales y la restauración de los medios concentrados de la mano de los gobiernos de derecha, también. En Brasil, donde no hubo ley pero sí una iniciativa bien interesante como la de los medios públicos federales (Empresa Brasileira de Comunicación), apenas asumió Temer el poder la desguazaron. En este marco y con estas enseñanzas habrá que observar las iniciativas de AMLO para Mexico, sabiendo que tiene muy buenos cuadros que han reflexionando sobre los medios, y a Televisa y Azteca enfrente.

APCNoticias: ¿Qué es lo que a tu criterio es importante que las nuevas generaciones entiendan sobre internet?

Damián Loreti: Un profesor que enseña Libertad de Expresión decía que lo peor que podría pasar es sentirse conforme con que los y las estudiantes recitaran sus clases como la letra de una canción sin saber quien la escribió, ni por qué. Es un ejemplo que me gusta dar cuando inicio mis cursos de Derecho a la Información. En estos meses pregunto de cuándo es “Bella Ciao”, advirtiendo que no acepto que digan que la escribieron para “La Casa de Papel”. Ese solo comentario los pone a revisar en clase con sus celulares cuál sería la respuesta correcta. En la clase que dedicamos a libertad de expresión en internet trato de que entiendan que es el mismo desafío que cuando se tomaba la voz pública en las plazas o las esquinas (como enseña Owen Fiss). Que también hoy hay monopolios, policías públicos, vigilantes privados y que hay oportunidades para que los demás conozcan qué es lo que pensamos. Que el sentido de la libertad de expresión está tanto en internet como en el papel o las frecuencias. Y que no crean que porque se pueden conectar en su casa a dónde quieran está todo resuelto. Es más, les expongo estadísticas sobre porcentajes de conectividad en la región para que anoten otro de los conflictos. Es cierto que este relato puede resultan sesgado por el tipo de público, pero da cuenta de qué preocupaciones tengo y que los y las estudiantes tengan la posibilidad de pensar en una herramienta no carente de amenazas de ser alcanzada solo por negocios, o por seguridad o por defensa (que de hecho, nació de allí).

APCNoticias: Eres sin lugar a dudas una adición sumamente valiosa para la red de APC, con toda tu vasta experiencia en el campo de la comunicación. Ahora, ¿puedes contarnos por qué decidiste unirte a la red? ¿En qué te gustaría contribuir como miembro y qué esperas de APC de cara al futuro?

Damián Loreti: He venido escuchando la capacidad de incidencia y apertura de temáticas profundamente tratadas por APC desde hace décadas. La mera posibilidad de compartir espacios de diálogos con gente de la que aprendo y leo de por sí me hace sentir un privilegiado. Así como se ha incrementado la cantidad de lugares de estudio y reflexión hemos de advertir que no todos son buenos, muchos no son democráticos, y que otros están influenciados por los donantes. Tengo la plena certeza de que ninguna de estas críticas podrían caer sobre APC sino que son ejemplos de todo lo contrario. Al mismo tiempo, creo que puedo ser de alguna utilidad por la experiencia profesional, académica y de militancia en el mundo de la libertad expresión y el derecho a la comunicación. 

Hacia el futuro, auguro una APC que mantendrá su capacidad de incidencia, democrática y con capacidad de tomar la voz pública con valentía, para defender los valores de los derechos humanos que rodean al mundo de la comunicación.