Libertad de expresión
Este documento presenta las reflexiones actuales de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones acerca de la pandemia. Se identifican varios puntos claves y vinculados entre sí que requieren la atención de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Como parte del reclamo sostenido de APC a que se respeten los derechos de las personas que se manifiestan en Colombia, y en rechazo a la represión a la protesta de parte del Estado Colombiano, publicamos este documento elaborado por el Centro de Autonomía Digital.
Estamos incorporando lo aprendido durante el Encuentro de miembros 2020 y definiendo nuestra visión de largo plazo, además de celebrar el trabajo de los últimos 30 años y ampliar nuestro compromiso con el activismo, la solidaridad, la resistencia y la transformación colectivas.
Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.
El 28 de septiembre, la Diputada Loria Raquel Dixon Brautigam presentó al Poder Legislativo de Nicaragua una iniciativa para expedir una “Ley Especial de Ciberdelitos”, además de una serie de derogaciones al Código Penal. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por el contenido de la iniciativa que, de concretarse, representaría una grave lesión a...
Nuestro miembro individual Damián Loreti de Argentina imagina dentro de 10 años una APC unida, con vocación de vanguardia en la defensa y expansión de los derechos de comunicación y digitales, arraigada en su trabajo con los movimientos sociales.
El 14 de agosto de 2020 el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil juzgará el caso del fotógrafo Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, quien fue herido con una bala de goma en el ojo izquierdo durante una manifestación en mayo de 2000. El caso representa uno de los episodios de violencia contra comunicadores más emblemáticos en el país.
Declaramos nuestra oposición a los proyectos de ley que implementan las reglas de propiedad intelectual previstas por el T-MEC en México sin un debate adecuado, sin justificación y sin hacer uso de la flexibilidad para aminorar el daño a los derechos humanos y a la economía mexicana.
Las medidas propuestas son desproporcionadas y van en sentido opuesto a la histórica demanda por disminuir las múltiples brechas digitales que afectan al país.
El texto final que será analizado por el Congreso es todavía incierto. La falta de transparencia es solo una arista más de un proceso marcado por las restricciones a la participación de múltiples partes interesantes y propuestas legislativas mal formuladas, que pueden implicar serios riesgos a la libertad de expresión y privacidad.
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) 2020
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