La batalla por el control de internet en Perú

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Por Jorge Bossio y APCNoticias para APCNoticias

LIMA, Perú, 29 July 2009

Una persona enciende su computador y, al tratar de seguir un enlace de internet que alguien le recomendó, recibe un mensaje de su operador de internet que dice: “Sitio no disponible para el plan básico, solicite su servicio Premium llamando al 0-800-12345”. Luego esa misma persona intenta ingresar al sitio web donde su familia almacena fotos y videos y recibe el siguiente mensaje: “Este servicio ya no forma parte de nuestra oferta. Haga click aquí para tener acceso a través de la red pública de baja calidad o aquí para conocer otras alternativas”.

La neutralidad de internet

Esta situación, que hoy parece parte de una ficción futurista, muestra claramente lo que podría pasar si se abandonara el principio de la neutralidad de internet. En efecto, esto implicaría la existencia de dos redes, una abierta y pública y otra cerrada y exclusiva, como sucede con la televisión de señal abierta y la televisión por cable. Ciertas páginas o aplicaciones en línea solo se se podrían acceder contratando un servicio específico de acceso a internet, como sucede con los canales Premium en la televisión. A su vez, habría que pagarles a las empresas operadoras de internet para que la página web de un negocio o un blog puedan ser vistos por clientes o lectores.

¿A quién se le ocurriría convertir a internet en algo tan parecido a la televisión? El debate entre aquellos que buscan que internet se mantenga abierta y sin filtros (partidarios de la neutralidad de internet) y aquellos que propugnan el uso de sistemas de gestión de red para hacer un uso más eficiente (partidarios de la gestión de red) cubre un espectro amplio.

Para los primeros abarca temas que van desde aspectos relacionados con la concentración de mercado y la posibilidad de que una sola empresa concentre un gran poder en el mercado o que pueda constituirse en un monopolio hasta aspectos relacionados con la libertad de expresión e impedimentos a la innovación, a la competencia y al acceso universal a la banda ancha.

Para los partidarios de la gestión de red, en cambio, el énfasis está en hacer un mejor uso de las redes existentes, evitar la congestión, brindar a cada usuario el servicio y calidad que está contratando y la posibilidad de obtener recursos que permitan financiar la expansión de las redes y la actualización tecnológica para convertirse en redes de nueva generación que puedan soportar servicios de banda ancha.

Qué está pasando en Perú hoy: los derechos y los hechos

Una parte importante del debate, a nivel internacional, se concentra en la existencia o no de garantías legales para la neutralidad de la red o, dicho de otra forma, normas que prohiban las prácticas discriminatorias por parte de los proveedores de internet.

Si bien Perú cuenta con una regulación pionera, que prohibe a los proveedores de acceso a internet bloquear o limitar el uso de ninguna de las aplicaciones, las empresas están incluyendo cláusulas que violan este principio en los contratos con sus usuarios. Tal es el caso del servicio de acceso a internet usando la tecnología 3G de Claro (operador de telefonía celular), en cuyo contrato “Claro se reserva el derecho de no dejar pasar o bloquear ciertos tipos de tráfico de internet como Voz sobre IP (por ejemplo, Skype, Google Talk, etc.), tráfico Peer to Peer (por ejemplo, Emule, Bit Torrent, etc.), spam y cualquier otro que considere necesario”.

¿Uso indebido?

Sobre el tapate también está el tema de la voz sobre IP. Este tipo de tráfico no está prohibido en Perú, por considerarse un servicio de valor agregado. Sin embargo, toda vez que la comunicación de voz por internet no es considerada como un servicio de telefonía en tiempo real las empresas pueden suspender el servicio al detectar un “uso indebido”.

Uno de los principales problemas es que el término “uso indebido” no está definido adecuadamente en el marco legal peruano. A partir de este vacío legal las empresas operadoras cuentan con una herramienta para suspender o bloquear ciertos usos de la red a su discreción. De hecho, Telefónica señala en un documento (Política de Uso Aceptable de los Servicios de Internet) que “se reserva el derecho a suspender o finalizar los servicios prestados en cualquier momento y sin necesidad de preaviso a aquellos clientes que incumplan esta política”. Esto es una explícita inobservancia del marco legal establecido por el regulador. En las disposiciones de OSIPTEL, el organismo regulador perunao, se establece que ante casos de uso indebido del servicio el operador deberá comunicar esta irregularidad a OSIPTEL con anterioridad a la adopción de cualquier acción (ya sea suspensión cautelar o corte definitivo).

Atrapados entre contratos y regulaciones

Cibercafé peruanoCibercafé peruano
Otro inconsistencia legal tiene que ver con una disposición del regulador que señala que el contrato de los operadores con los abonados termina, entre otras razones, por las causales establecidas en el propio contrato. De esta manera se estaría otorgando el derecho a las empresas a establecer en los contratos de abonado, a propia discreción, condiciones específicas del servicio y normas de comportamiento para los usuarios de internet.

Es así como Telefónica del Perú ha establecido para su servicio Speedy domiciliario una cláusula que señala que el cliente se obliga a cumplir la “Política de Uso Aceptable de los Servicios en Internet”, la cual a su vez indica que “el cliente se obliga a hacer un uso de los contenidos conforme a la ley, a las presentes Condiciones Generales, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, y al orden público.”

Vemos como Telefónica se reserva el derecho de sancionar a un cliente por un uso inapropiado del servicio y hasta por difundir contenidos “falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos”, irrogándose facultades que corresponden a las autoridades administrativas y judiciales peruanas.

Existe un evidente divorcio entre las normas establecidas por el regulador y las prácticas de los operadores de telecomunicaciones al momento de contratar con sus usuarios. El hecho de que no ha habido denuncias concretas por parte usuarios o organizaciones que los representan es, de por sí, bastante significativa. El debate parece impostergable.

Este artículo se basó en una investigación de Jorge Bossio producida en el marco de CILAC, un proyecto del programa de políticas en América Latina de APC. Forma parte de una serie de cinco investigaciones sobre la reforma de las telecomunicaciones y el acceso a la banda ancha en América Latina.

Fotos por: Luke Redmond y nicolasnova, publicadas bajo la licenscia Creative Commons 2.0.

(FIN/2009)

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