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¿Cuál es el estado de los derechos y las libertades en internet en Latinoamérica? , fue la pregunta que se lanzó en el marco del proyecto Examinando los Derechos y las Libertades en Internet en Latinoamérica, que busca fortalecer el trabajo local de investigación y monitoreo de derechos en internet.
Examinando los derechos y las libertades en internet en Latinoamérica: Informe nacional de Colombia
En el caso de Colombia, como concluye el Informe nacional de Colombia del proyecto EXLILA, aunque el país tiene muchos retos por delante para garantizar el acceso a internet a toda la población, internet se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de muchas actividades y el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso al conocimiento. La legislación y jurisprudencia aplicable a internet, sin embargo, no ha sido sistemática y muchas veces ha impedido que internet siga siendo una herramienta libre y abierta.
Merece atención especial el uso ilegítimo de herramientas de vigilancia. Se han producido en el país condenas contra ex funcionarios del gobierno y de organismos de seguridad por interceptar ilegalmente comunicaciones de magistrados de altas cortes, líderes de oposición y periodistas. Un asesor de una campaña para las elecciones presidenciales aceptó cargos por interceptación ilegal de comunicaciones de funcionarios y demás actores involucrados en los diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, investigaciones de organizaciones internacionales descubrieron sistemas de vigilancia de las comunicaciones y hackeo previamente ocultos a la opinión pública.
Ante este panorama, es cada vez más apremiante la necesidad de considerar normas internacionales de derechos humanos para los entornos digitales; fortalecer las capacidades judiciales, especialmente en lo relacionado con la comprensión de internet; desarrollar e implementar modelos de participación en la construcción de políticas y normas en torno a internet, que garanticen el involucramiento de la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica por igual; y promover el seguimiento por parte de la sociedad civil de desarrollos legislativos, judiciales y administrativos que afecten a la red.
Compartir no es delito
A partir del informe, la fundación Karisma, socio de APC en Colombia, ha desarrollado algunas de las conclusiones en forma de podcasts en torno a la idea de que “Compartir no es delito”, que han sido compartidos en encuentros sobre datos y vigilancia estatal. La campaña #CompartirNoEsDelito en redes sociales se ha enfocado en visibilizar la importancia del acceso abierto, que permite que la investigación académica sea de libre acceso y esté disponible con una licencia abierta que permita legalmente el tipo de intercambio que es crucial para permitir el progreso científico. Accede a los podcasts para saber más:
Compartir no es delito, es un derecho de nacimiento
Latinoamérica, compartir no es delito
Por el acceso abierto, ¡exigimos!
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