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Miembros del Congreso de EE.UU.:
Escribimos como una coalición de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para expresar nuestra seria alarma con relacion a las revelaciones de vigilancia de las comunicaciones telefónicas y en internet de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros países por el gobierno de los EE.UU. También deseamos expresar nuestra profunda preocupación de que las autoridades estadounidenses puedan haber puesto los datos resultantes de estas actividades de vigilancia a disposición de otros estados, entre ellos el Reino Unido, Holanda, Canadá, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda. Muchas empresas de internet con sede en EE.UU. con alcance global también parecen estar participando en estas prácticas.
La introducción de mecanismos de vigilancia en el centro de las comunicaciones globales digitales amenaza gravemente a los derechos humanos en la era digital. Estas nuevas formas de poder descentralizado reflejan cambios fundamentales en la estructura de los sistemas de información en las sociedades modernas. Cualquier paso en este sentido debe ser examinado por medio de un amplio, profundo y transparente debate con toda la sociedad. La interferencia con los derechos humanos de los ciudadanos por parte de cualquier gobierno, propios o extranjeros, es inaceptable. La situación de un ciudadano incapaz de comunicar pensamientos privados y sin vigilancia por parte de un Estado extranjero no sólo viola los derechos a la intimidad y a la dignidad humana, sino que también pone en peligro los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, opinión, expresión y asociación que se encuentran en el centro de toda práctica democrática. Este tipo de acciones son inaceptables y plantean serias preocupaciones sobre las violaciones extraterritoriales de los derechos humanos. La incapacidad de los ciudadanos para saber si son objeto de una vigilancia externa, para impugnar este tipo de vigilancia, o pedir reparación es aún más alarmante.
La contradicción entre la constante afirmación de los derechos humanos en línea por el gobierno de los EE.UU. y las recientes denuncias de lo que parece ser la vigilancia masiva de ciudadanos de Estados Unidos y de otros países por ese mismo gobierno es muy preocupante y conlleva repercusiones negativas en el escenario global. Una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos articulados en los artículos 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Estados Unidos es signatario, así como los artículos 12 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe de llamar nuestra atención. Teniendo en cuenta que los EE.UU. debe participar en una larga discusión, hace mucho, acerca de cómo actualizar y modernizar su política para alinearse con sus principios y documentos iniciales, lo que sucede a continuación en la supervisión legislativa y ejecutiva sucursal en los EE.UU. tendrá consecuencias enormes e irreversibles para la la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en todo el mundo.
También es notable que el gobierno de los Estados Unidos apoyó la Resolución de las Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos 20/8, que firma que los mismos derechos que la gente tenga fuera de línea también deben estar protegidos en línea, en particular la libertad de expresión… y hace apenas unos días, el 10 de junio, los EE.UU. fue parte de un grupo de países que redactó una declaración regional, que dice: que, al abordar los problemas de seguridad en Internet, esto debe hacerse de una manera consistente con las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el pleno respeto de los derechos humanos. Que al parecer no fue el caso de las últimas prácticas del gobierno de EE.UU. Además de representar una grave violación de los derechos humanos fundamentales de las personas en todo el mundo, la incoherencia entre las prácticas y las declaraciones públicas de los EE.UU. También socava la credibilidad moral del país dentro de la comunidad global que lucha por los derechos humanos, ya que se aplican a Internet y afecta fatalmente la confianza de los consumidores en todas las empresas estadounidenses que prestan servicios en todo el mundo.
El pasado 10 de junio de 2013 muchos firmantes de esta carta se unieron para elevar nuestras preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo hicimos en el contexto del reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, del Sr. Frank La Rue.(8) Este informe apunta a detalladas y preocupantes tendencias sobre la vigilancia de las comunicaciones por estados con graves consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos a la vida privada y a la libertad de opinión y de expresión. Tomamos nota de que muchas personas y organizaciones estadounidenses ya habían escrito una carta al Congreso para expresar sus preocupaciones sobre las acciones de EE.UU. y la legalidad de éstas con relación al derecho interno.
También estamos muy decepcionados de que, en las declaraciones de las autoridades estadounidenses sólo han insistido en que no habían obtenido acceso al contenido relacionado a los ciudadanos de Estados Unidos, y que fue recogido sólo los metadados de sus comunicaciones. No ha habido una sola palabra sobre el tema de acceso a gran escala del contenido y datos relacionado con las comunicacciones de ciudadanos no estadounidenses, que constituye una casi segura violación de derechos humanos. El enfoque de las autoridades de Estados Unidos en la diferencia entre el tratamiento de los ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos en un asunto que se refiere esencialmente a la violación de los derechos humanos es muy problemático. Los derechos humanos son universales, y todos los gobiernos deben abstenerse de violarlos para todas las personas, y no sólo para sus ciudadanos. Somos fervientes partidarios de que las disposiciones legales y prácticas actuales y futuras deben de tomar este hecho con la debida consideración.
Somos conscientes de que en la mayoría de los países existe seobliga legalmente a las compañías de telecomunicaciones a preservar el tráfico de toda la información que también es útil para el consumidor final, no obstante queremos que se transparenten las normas y políticas mediante las cuales una autoridad competente ordena o permite el acceso a dichas comunicaciones, con el fin de tener la tranquilidad que no se está haciendo abuso de un mecanismo de control para privilegiar en unos casos el derecho de todos ante un derecho particular.
Por consiguiente, instamos al gobierno de Obama y el Congreso de los Estados Unidos a tomar medidas inmediatas para desmantelar las existentes, y evitar la creación futura de sistemas de vigilancia basados en telecomunicaciones y en Internet globales. Además, instamos al Gobierno de los EE.UU., el FBI y la Fiscalía General (Attorney General) para que las empresas implicadas o afectadas puedan publicar estadísticas de peticiones pasadas y futuras de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA) que han recibido o pueden recibir. Pedimos además al Congreso de EE.UU. que establezca protecciones para las fuentes gubernamentales de los periodistas con el fin de garantizar que el público esté informado adecuadamente acerca de los abusos de poder que violan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de todos los países, EE.UU. y otros. También tomamos el pedido de la organizacion Humans Rights Watch para instar a la creación de un grupo independiente con poder de citación y de todas las autorizaciones de seguridad necesarias para examinar las prácticas actuales y formular recomendaciones para garantizar la protección adecuada de los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación. Los resultados de este panel deben ser publicados ampliamente.
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