Políticas de TIC
Internet en los Andes: nueva investigación de APC
En los 90 los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) liberalizaron y privatizaron el sector de las telecomunicaciones. Estas políticas fracasaron: 20 años después la región andina tiene los peores índices de conectividad de América Latina. Solo cuatro de 100 bolivianos/as acceden a internet, y de esos cuatro sólo dos se conectan a través de banda ancha. La infraestructura telefónica anticuada obliga a los otros dos a usar una conexión discada tan lenta que hace que ver videos en YouTube o navegar por sitios interactivos sea prácticamente imposible. Desde 2008 APC está investigando qué fue lo que no funcionó. Nuestros informes nacionales, producidos con el objetivo de influenciar el debate en políticas en la región, están ahora recopilados en un sólo lugar, con resúmenes de los principales hallazgos de las investigaciones. Photo: “Velaia”:http://www.flickr.com/photos/velaia/3238166271/
Banda ancha en Bolivia: buenas intenciones y mucho camino por recorrer
El gobierno de Bolivia está apostando a los telecentros para que la población, en especial de las áreas rurales y marginales, acceda a internet. Sin embargo, los problemas estructurales de conectividad no podrán resolverse hasta que no se defina una política nacional de banda ancha, argumenta el investigador Orlando Arratia.
APCNoticias 117 – Perú rural, banda ancha en Bolivia
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APCNoticias – 25 de marzo de 2010 – año XI – edición número 117
El servicio de noticias de APC sobre internet para la justicia social y el desarrollo sustentable
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República Dominicana asegura la equidad de las mujeres en iniciativas y políticas de tecnologías en todo el país
SANTO DOMINGO (El Nuevo Diario) – República Dominicana es el primer país latinoamericano que está movilizándose para cumplir con compromisos asumidos para involucrar a las mujeres de todo el país en la sociedad de la información. Esta isla del Caribe de diez millones de habitantes se ha comprometido a incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas y políticas de tecnologías de información y comunicación del gobierno. La herramienta que el gobierno ha elegido para diseñar y evaluar todas sus políticas públicas es la metodología de evaluación de género de APC (conocido por su sigla en inglés GEM). Dafne Plou, de APC, viajó a Dominicana y se ocupó de las capacitaciones.
Una red de redes para que internet sea libre y abierta
El año 2010 promete ser importante para el futuro de internet, ya que hay varios cambios en el horizonte. Puede ser el último año de la existencia del Foro de Gobernanza de Internet (FGI) y ICANN también se prepara para una nueva era, al alejarse del control del gobierno de Estados Unidos. En esta época de inestabilidad las oportunidades políticas surgen y desaparecen rápidamente. El proyecto “red de redes” de APC consiste en crear una red mundial de activistas de la sociedad civil en el sector de políticas, todos ellos/as procedentes de diferentes esferas y con experiencia en campañas muy diversas, con el denominador común de un fuerte interés en asegurar que internet sea libre y abierta.
República Dominicana garantiza la igualdad de las mujeres en iniciativas y políticas tecnológicas en todo el país usando GEM
Montevideo, Uruguay, 22 de diciembre de 2009 – La República Dominicana es el primer país de América Latina que cumple su compromiso de incorporar a las mujeres en la sociedad de la información en todo su territorio.
Operadores de telecomunicaciones ilegales en Camerún: la opción más razonable
En Camerún internet y los servicios telefónicos son económicamente inaccesibles, al punto de que por lo menos la mitad de la población se ve obligada a recurrir a operadores ilegales, únicos que prestan servicios como internet solventables para el camerunés medio.
Carta abierta de las organizaciones de sociedad civil sobre el proceso de formulación de la ley de comunicación
Por mandato constitucional en Ecuador se está elaborando una ley de comunicación. Las organizaciones de la sociedad civil que están participando en el proceso condenan la campaña mediática de los grandes grupos empresariales del país que, a pretexto de defender la libertad de expresión, no buscan otra cosa que defender sus intereses corporativos.

