Declaraciones y posicionamientos
El 14 de agosto de 2020 el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil juzgará el caso del fotógrafo Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, quien fue herido con una bala de goma en el ojo izquierdo durante una manifestación en mayo de 2000. El caso representa uno de los episodios de violencia contra comunicadores más emblemáticos en el país.
Declaramos nuestra oposición a los proyectos de ley que implementan las reglas de propiedad intelectual previstas por el T-MEC en México sin un debate adecuado, sin justificación y sin hacer uso de la flexibilidad para aminorar el daño a los derechos humanos y a la economía mexicana.
El debate y la implementación de políticas de compartición de espectro han estado centrados en los espacios blancos de televisión. Extender esta implementación a las bandas IMT sería un gran avance para las redes comunitarias y una constatación del trabajo que Colnodo ha liderado en Colombia en este ámbito.
Criterios para la selección de la persona que se hará cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
El texto final que será analizado por el Congreso es todavía incierto. La falta de transparencia es solo una arista más de un proceso marcado por las restricciones a la participación de múltiples partes interesantes y propuestas legislativas mal formuladas, que pueden implicar serios riesgos a la libertad de expresión y privacidad.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que las medidas del gobierno salvadoreño ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos.
Este documento presenta un conjunto de reflexiones desarrolladas por APC, Derechos Digitales y Access Now, como organizaciones especializadas en el ámbito de los derechos humanos en el entorno digital, orientadas a alimentar el debate en torno a la normativa de protección de datos personales en Ecuador.
APC se unió a docenas de organizaciones e individuos en un llamado a las plataformas de medios sociales y de intercambio de contenidos solicitando que habiliten futuras investigaciones y análisis sobre el aspecto "infodémico" del COVID-19.
Más de 100 organizaciones de todo el mundo firmaron una declaración conjunta enfatizando que la vigilancia digital para combatir el COVID-19 solo puede estar justificada en un marco de respeto a los derechos humanos.
Muchos países hoy recurren a las tecnologías digitales para reforzar sus medidas de información, seguimiento y control de las personas que padecen el virus, lo que nos alerta ante sus efectos en los derechos fundamentales de las personas.
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) 2022
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