En Perú se está discutiendo una ley que aplica delitos penales a internet. Esto tendrá un impacto negativo en competitividad de la industria local pero especialmente en los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Las cooperativas de productores de cacao, café y palma de la selva de Perú necesitan una conexión a internet de calidad, así como las escuelas y los gobiernos locales. Hay pequeñas empresas que buscan cubrir esa demanda, pero suelen ser acusadas de piratas por su estatus legal indefinido. Lee por qué el apoyo del gobierno es fundamental.

En entrevista con APC, Maicu Alvarado y Gabriela Perona de CEPES comparten experiencias de uso del espectro con impacto social positivo y ofrecen lineas orientadoras para pensar colectivamente políticas de gestión del espectro que superen la mera búsqueda de crecimiento económico.

Se abren oportunidades en el escenario político peruano para “liberar” frecuencias para uso abierto y comunitario. Pero las instituciones académicas y la sociedad civil deben involucrarse más en los debates para definir políticas y proyectos en ese sentido, dicen Maicu Alvarado y Gabriela Perona en un nuevo informe para APC.

A principios de este año el investigador Jorge Bossio recibió una invitación del Ministerio de Comunicaciones de Perú para discutir las propuestas de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil sobre el plan nacional de banda ancha. ¿El motivo de la invitación? Su actividad en las redes sociales promocionando recomendaciones para el plan. Bossio, que coordina el capítulo peruano del proyecto de APC y Comunica Impacto 2.0, conversó con APCNoticias sobre esta nueva etapa en el relacionamiento con el gobierno.

“Si bien Perú cuenta con una regulación pionera, que prohíbe a los proveedores de acceso a internet bloquear o limitar el uso de aplicaciones como Skype, las empresas (Claro, Movistar, etc.) están incluyendo cláusulas que violan este principio en los contratos con sus usuarios”, denunciaba una investigación de APC publicada en 2009. Luego de que esta situación fue retomada por varios blogs el regulador reconoció que se estaban vulnerando los derechos de los y las usuarias. Ante la protesta de los operadores, tanto ciudadanos como periodistas apoyaron la decisión del regulador.

Los campesinos de la región desértica de Huaral dependen de cooperativas de riego para subsistir. Por diez años, las asociaciones de riego han puesto un práctica un sistema de información para que, a través de telecentros, los y las campesinos pudieran tomar decisiones más efectivas para su producción. Al ver que este sistema estaba siendo subutilizado decidieron averiguar qué era lo que estaba fallando. A través de la Metodología de Evaluación de Género (GEM) de APC descubrieron que las personas mayores y las mujeres de más de 40 estaban quedando al margen. Si bien las decisiones se siguen tomando en ámbitos predominantemente masculinos, ahora por lo menos algunos problemas identificados por las mujeres como importantes están siendo tomados en cuenta.