El pueblo ecuatoriano se está organizando para que el gobierno modifique artículos que lo habilitan a solicitar información personal de usuarios y usuarias de internet sin intervención policial.

El desconocimiento de la forma en que las políticas relativas al espectro afectan la vida de las personas es uno de los principales obstáculos para la participación de la sociedad civil en el debate regulatorio. Marco Navas Alvear sugiere soluciones para lo anterior en esta entrevista realizada por APC en el marco del proyecto “Espectro abierto para el desarrollo”.

La contribución de APC para el Examen Periódico Universal (EPU) de Ecuador, elaborada en consulta con CIESPAL y Radialistas Apasionadas y Apasionados, se concentra en el derecho a la libertad de expresión en relación al acceso a internet en Ecuador y destaca las áreas en las que hay avances y las áreas específicas de preocupación.

La nueva Constitución ecuatoriana abrió oportunidades de democratización del espectro radioeléctrico sustentadas en una renovada perspectiva de derechos y mayor definición de competencias entre los organismos que formulan políticas y regulaciones. La prioridad ahora es que la sociedad civil discuta reformas legales coherentes con los avances constitucionales, dice Marco Navas Alvear.

La definición de políticas de estándares web habilita el acceso oportuno de la ciudadanía a información pública en línea. Todo indica que en Ecuador esto podrá conseguirse apostando a la participación multisectorial.

Por mandato constitucional en Ecuador se está elaborando una ley de comunicación. Las organizaciones de la sociedad civil que están participando en el proceso condenan la campaña mediática de los grandes grupos empresariales del país que, a pretexto de defender la libertad de expresión, no buscan otra cosa que defender sus intereses corporativos.

Los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución de Ecuador aprobada en 2008 deberán convertirse en ley en febrero de 2010. Varias organizaciones sociales elaboraron una propuesta que fue presentada a la asamblea (órgano legislativo de Ecuador), a partir de recursos técnicos y políticos apoyados por APC.

El gobierno de Ecuador deberá aprobar, antes del 15 de octubre, una ley que asegure que los derechos consagrados en la Constitución de 2008 se lleven a la práctica. Organizaciones y redes de comunicación ecuatorianas, latinoamericanas e internacionales, entre las que se encuentra APC, acordaron diez principios básicos que deben estar contenidos en la ley. Entre ellos se incluye el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la distribución equitativa de frecuencias.

La nueva Constitución de Ecuador, aprobada en octubre de 2008, legitimó el uso de las redes inalámbricas como medio para alcanzar el acceso universal. Este tipo de redes se posicionaron en el debate constituyente por sus ventajas como su operación en bandas libres, su bajo costo y sus posibilidades de ofrecer sostenibilidad a las comunidades u organizaciones beneficiadas. Frente al desafío de llevar esto a la práctica APC realizó una investigación sobre las posibilidades y el contexto político y regulatorio de las redes inalámbricas comunitarias, así como experiencias exitosas llevadas a cabo en los últimos años.