Eventual legalización de la vigilancia en Ecuador e impactos en derechos humanos y modelo de desarrollo

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Por Valeria Betancourt (APC)
, November 2013

Las revelaciones sobre la vigilancia masiva y la recolección de datos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos desataron la indignación de los líderes políticos alrededor del mundo, incluyendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa de Ecuador. Algunos países, como Brasil, han indicado que tomarán medidas y redoblarán sus esfuerzos para adoptarán legislación, desarrollarán tecnologías y establecerán mecanismos para proteger a su población de la vigilancia masiva ilegal y desproporcionada y de la interceptación de las comunicaciones y los datos.

Brasil y otros países han demandado al interior del Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU la necesidad de crear condiciones para prevenir que el ciberespacio se torne en un campo de batalla y en un arma de guerra a través del espionaje, el sabotaje y el ataque a la infraestructura de la red. Se ha llamado la atención sobre los impactos que dichas prácticas tienen sobre los derechos humanos.

Adicionalmente, Brasil y ICANN han anunciado el deseo de organizar una cumbre en los primeros meses del 2014 para discutir la situación de la vigilancia masiva y otros temas de gobernanza de internet. Los delegados del gobierno de Brazil al Foro de Gobernanza de Internet (realizado en Bali del 22 al 25 de octubre de 2013), confirmaron su disposición para organizar una reunión de alto nivel para discutir estos temas y avanzar en la definición de: – principios que orienten el desarrollo de la gobernanza de internet – un marco institucional para la gobernanza de internet – mecanismos de toma de decisión sobre la gobernanza de internet

Sin embargo, los desarrollos legislativos en algunos países de la región resultan preocupantes.

Tal es el caso del contenido propuesto para el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador con relación a la conservación de datos y registro. En efecto, el COIP incluye, al momento, contenido orientado a legislar la manera en la que se conservan los datos y se registran las comunicaciones que, de aplicarse, tendría serios efectos negativos.

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