Los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución de Ecuador aprobada en 2008 deberán convertirse en ley en febrero de 2010. Varias organizaciones sociales elaboraron una propuesta que fue presentada a la asamblea (órgano legislativo de Ecuador), a partir de recursos técnicos y políticos apoyados por APC.

En América Latina sigue habiendo un déficit en el acceso universal y asequible a la infraestructura de las telecomunicaciones en general y a la banda ancha en particular. Algunos países han optado por fomentar el tráfico nacional y local a través de puntos de acceso (NAP, por su sigla en inglés) para evitar que la información pase por redes internacionales. Venezuela no ha logrado el consenso necesario para instalar un NAP. Una investigación de APC analiza las causas de este fracaso y se pregunta hasta qué punto se trata de una solución deseable para el país.

El gobierno de Ecuador deberá aprobar, antes del 15 de octubre, una ley que asegure que los derechos consagrados en la Constitución de 2008 se lleven a la práctica. Organizaciones y redes de comunicación ecuatorianas, latinoamericanas e internacionales, entre las que se encuentra APC, acordaron diez principios básicos que deben estar contenidos en la ley. Entre ellos se incluye el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la distribución equitativa de frecuencias.

¿Qué internet queremos para América Latina y el Caribe? Organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas se reunieron en Río de Janeiro en agosto para discutir aspectos políticos y técnicos de la gobernanza de internet. En este artículo recopilamos opiniones y puntos de vista de cara al encuentro global que se llevará a cabo en noviembre en Egipto.

La nueva Constitución de Ecuador, aprobada en octubre de 2008, legitimó el uso de las redes inalámbricas como medio para alcanzar el acceso universal. Este tipo de redes se posicionaron en el debate constituyente por sus ventajas como su operación en bandas libres, su bajo costo y sus posibilidades de ofrecer sostenibilidad a las comunidades u organizaciones beneficiadas. Frente al desafío de llevar esto a la práctica APC realizó una investigación sobre las posibilidades y el contexto político y regulatorio de las redes inalámbricas comunitarias, así como experiencias exitosas llevadas a cabo en los últimos años.

En Río de Janeiro organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas están discutiendo de igual a igual qué internet queremos para América Latina y el Caribe. De cada uno de los paneles y diálogos abiertos sobre acceso, diversidad lingüística y accesibilidad, apertura van a surgir recomendaciones que se transmitirán al cuarto encuentro del FGI global que se llevará a cabo en noviembre en Sharm El Sheikh. Los y las invitamos a leer microcrónicas en tiempo real de varios de los y las participantes (es necesario registrarse en twitter).

En Perú empresas como Claro o Telefónica ignoran las disposiciones legales vigentes a la hora de firmar contratos con los usuarios y usarias finales. Entre otras cosas se reservan el derecho de bloquear ciertos tipos de tráfico de internet como voz sobre IP, vulnerando así un principio que se conoce como “neutralidad de internet”. En una de sus últimas investigaciones APC analiza este principio y lo ilustra con ejemplos tanto de la legislación peruana como de las prácticas de las empresas de telecomunicaciones de ese país.

La región andina presenta los índices de penetración de teléfonos fijos, móviles y banda ancha más bajos de América Latina, el continente más desigual del mundo. En los años 90 los países andinos adoptaron políticas de liberalización y privatización para lograr un acceso universal a las telecomunicaciones. Casi veinte años después estas promesas no se cumplieron. APC realizó investigaciones nacionales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para entender las razones de este fracaso. A su vez en algunos de estos países el Estado asumió un rol más protagónico y las investigaciones analizaron las oportunidades y desafíos de esta nueva coyuntura. El objetivo último es que la sociedad civil de la región cuente con elementos sólidos para asegurar poíticas inclusivas y democratizadoras que garanticen una banda ancha para todos y todas.

El informe regional señala que “el proceso del Foro de gobernanza de internet mostró que hay consenso entre todos los sectores en cuanto a la incapacidad de los modelos que se basan solo en los enfoques de mercado para brindar acceso a las TIC para todos y todas. […] La coherencia política y regulatoria en el sector de las telecomunicaciones es clave para generar un entorno favorable para el acceso a las TIC. La región de América Latina y el Caribe debe fortalecer su capacidad para participar efectivamente en el diseño de la agenda global de las políticas de TIC, que tiene un impacto sobre los contextos nacionales y regionales”. También está disponible en español la introducción a GISWatch sobre acceso a infraestructura.

La región andina presenta los índices de penetración de teléfonos fijos, móviles y banda ancha más bajos de América Latina, el continente más desigual del mundo. Con el objetivo de lograr un acceso más equitativo a las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la región organizaciones de la sociedad civil lanzaron a principios de septiembre en Quito, Ecuador, la Red andina de TIC para el desarrollo.