En Camerún internet y los servicios telefónicos son económicamente inaccesibles, al punto de que por lo menos la mitad de la población se ve obligada a recurrir a operadores ilegales, únicos que prestan servicios como internet solventables para el camerunés medio.

La llegada súbita de la banda ancha a Rwanda dejó en evidencia un vacío en sus políticas que debe compensarse a la brevedad para que los beneficios de la sociedad de la información lleguen a la población más vulnerable. Tener buenos planes no es suficiente, señalan Emmanuel Habumuremyi y Alan Finlay.

Por donde se la mire, la política de información y comunicación en vigor en Tanzania parece ambiciosa. En sólo seis años busca convertir al país en un centro de infraestructura de telecomunicaciones que ayudará disparar la economía y a erradicar la pobreza. Sin embargo, John Mireny señala que en lo que tiene que ver con banda ancha esta visión carece de aplicación práctica y no toma en cuenta las importantes limitaciones existentes.

Níger estuvo sin conexión a internet durante tres semanas por daños en el cable submarino que pasa por Benín: 70% de la banda ancha de Níger depende de ese país vecino. Esta investigación de APC busca entender los motivos por los que este país de África occidental depende casi exclusivamente de la infraestructura de Benin, cuando una solución satelital minimizaría la gravedad de la situación.

El 12 de diciembre de 2008 (el día de las celebraciones del 44 aniversario de la independencia del país) periodistas, empresarios/as de los medios y activistas de la sociedad civil salieron a las calles de Nairobi. Protestaban en contra de la Enmienda a la Ley de Comunicaciones. Pero estas protestas eclipsaron un desafío más complejo que apunta a la convergencia en políticas en un mundo en red, escriben Rebecca Wanjiku and Alan Finlay.

Analistas sostienen que los gobiernos de los países en desarrollo con problemas de liquidez suelen afrontar el dilema de restringir el gasto público y satisfacer las necesidades básicas de comunicación de las personas en situación de pobreza. Las telecomunicaciones generan ingresos y los gobiernos saben que este dinero puede financiar servicios básicos como agua potable, vivienda y electricidad. Pero en este proceso las promesas del acceso universal van quedando en el olvido. Tal es el caso de Uganda, en donde los servicios de telecomunicaciones pagan altos impuestos, escriben Wairagala Wakabi y Alan Finlay.

En el Congo la gente está pagando por servicios que ni siquiera se adaptan a sus necesidades. Problemas de conectividad y precios exorbitantes, que pueden llegar a 2 USD, confabulan contra la propagación del uso de internet. En un país en el que las personas ganan tres o cuatro dólares por día es imposible para el 97% de los y las congoleñas acceder a internet. Y quienes tienen el privilegio de hacerlo ni siquiera pueden obtener lo que necesitan: descargar un archivo puede llevar más de una hora. Con la reciente reelección del gobierno anterior como telón de fondo las TIC se están volviendo cada vez más importantes para el desarrollo económico y social del país. ¿Este nuevo período presidencial llevará a cabo las reformas que el sector necesita? APC explora el estado de las políticas de TIC de esta nación africana y su futuro.

La situación de las telecomunicaciones en Benín es singular: la cantidad de empresas GSM instaladas durante el régimen de Mathieu Kérékou llevó a la población a tener tres, cuatro, y hasta cinco tarjetas SIM para sus necesidades cotidianas de comunicación. Facilitaban esta situación la corrupción y unos precios excesivos; hubo que esperar la llegada al poder del presidente Yayi Boni, en 2006, para que se pusiera en marcha una reforma del sector, acompañada de una reducción de los precios. A partir de ese momento, los/as consumidores/as benineses/as empiezan a notar significativos avances en el sector de las telecomunicaciones. No obstante, las redes no están interconectadas y resta camino por recorrer en lo referente a las TIC y a la regulación del sector de las telecomunicaciones, tanto más dentro de un entorno legislativo y regulatorio favorable a la inversión.