La llegada súbita de la banda ancha a Rwanda dejó en evidencia un vacío en sus políticas que debe compensarse a la brevedad para que los beneficios de la sociedad de la información lleguen a la población más vulnerable. Tener buenos planes no es suficiente, señalan Emmanuel Habumuremyi y Alan Finlay.

Los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución de Ecuador aprobada en 2008 deberán convertirse en ley en febrero de 2010. Varias organizaciones sociales elaboraron una propuesta que fue presentada a la asamblea (órgano legislativo de Ecuador), a partir de recursos técnicos y políticos apoyados por APC.

Por donde se la mire, la política de información y comunicación en vigor en Tanzania parece ambiciosa. En sólo seis años busca convertir al país en un centro de infraestructura de telecomunicaciones que ayudará disparar la economía y a erradicar la pobreza. Sin embargo, John Mireny señala que en lo que tiene que ver con banda ancha esta visión carece de aplicación práctica y no toma en cuenta las importantes limitaciones existentes.

Níger estuvo sin conexión a internet durante tres semanas por daños en el cable submarino que pasa por Benín: 70% de la banda ancha de Níger depende de ese país vecino. Esta investigación de APC busca entender los motivos por los que este país de África occidental depende casi exclusivamente de la infraestructura de Benin, cuando una solución satelital minimizaría la gravedad de la situación.

En América Latina sigue habiendo un déficit en el acceso universal y asequible a la infraestructura de las telecomunicaciones en general y a la banda ancha en particular. Algunos países han optado por fomentar el tráfico nacional y local a través de puntos de acceso (NAP, por su sigla en inglés) para evitar que la información pase por redes internacionales. Venezuela no ha logrado el consenso necesario para instalar un NAP. Una investigación de APC analiza las causas de este fracaso y se pregunta hasta qué punto se trata de una solución deseable para el país.

El gobierno de Ecuador deberá aprobar, antes del 15 de octubre, una ley que asegure que los derechos consagrados en la Constitución de 2008 se lleven a la práctica. Organizaciones y redes de comunicación ecuatorianas, latinoamericanas e internacionales, entre las que se encuentra APC, acordaron diez principios básicos que deben estar contenidos en la ley. Entre ellos se incluye el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación y la distribución equitativa de frecuencias.

El 12 de diciembre de 2008 (el día de las celebraciones del 44 aniversario de la independencia del país) periodistas, empresarios/as de los medios y activistas de la sociedad civil salieron a las calles de Nairobi. Protestaban en contra de la Enmienda a la Ley de Comunicaciones. Pero estas protestas eclipsaron un desafío más complejo que apunta a la convergencia en políticas en un mundo en red, escriben Rebecca Wanjiku and Alan Finlay.

Analistas sostienen que los gobiernos de los países en desarrollo con problemas de liquidez suelen afrontar el dilema de restringir el gasto público y satisfacer las necesidades básicas de comunicación de las personas en situación de pobreza. Las telecomunicaciones generan ingresos y los gobiernos saben que este dinero puede financiar servicios básicos como agua potable, vivienda y electricidad. Pero en este proceso las promesas del acceso universal van quedando en el olvido. Tal es el caso de Uganda, en donde los servicios de telecomunicaciones pagan altos impuestos, escriben Wairagala Wakabi y Alan Finlay.

¿Qué internet queremos para América Latina y el Caribe? Organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas se reunieron en Río de Janeiro en agosto para discutir aspectos políticos y técnicos de la gobernanza de internet. En este artículo recopilamos opiniones y puntos de vista de cara al encuentro global que se llevará a cabo en noviembre en Egipto.

La nueva Constitución de Ecuador, aprobada en octubre de 2008, legitimó el uso de las redes inalámbricas como medio para alcanzar el acceso universal. Este tipo de redes se posicionaron en el debate constituyente por sus ventajas como su operación en bandas libres, su bajo costo y sus posibilidades de ofrecer sostenibilidad a las comunidades u organizaciones beneficiadas. Frente al desafío de llevar esto a la práctica APC realizó una investigación sobre las posibilidades y el contexto político y regulatorio de las redes inalámbricas comunitarias, así como experiencias exitosas llevadas a cabo en los últimos años.

En Río de Janeiro organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y empresas están discutiendo de igual a igual qué internet queremos para América Latina y el Caribe. De cada uno de los paneles y diálogos abiertos sobre acceso, diversidad lingüística y accesibilidad, apertura van a surgir recomendaciones que se transmitirán al cuarto encuentro del FGI global que se llevará a cabo en noviembre en Sharm El Sheikh. Los y las invitamos a leer microcrónicas en tiempo real de varios de los y las participantes (es necesario registrarse en twitter).

En el Congo la gente está pagando por servicios que ni siquiera se adaptan a sus necesidades. Problemas de conectividad y precios exorbitantes, que pueden llegar a 2 USD, confabulan contra la propagación del uso de internet. En un país en el que las personas ganan tres o cuatro dólares por día es imposible para el 97% de los y las congoleñas acceder a internet. Y quienes tienen el privilegio de hacerlo ni siquiera pueden obtener lo que necesitan: descargar un archivo puede llevar más de una hora. Con la reciente reelección del gobierno anterior como telón de fondo las TIC se están volviendo cada vez más importantes para el desarrollo económico y social del país. ¿Este nuevo período presidencial llevará a cabo las reformas que el sector necesita? APC explora el estado de las políticas de TIC de esta nación africana y su futuro.

En Perú empresas como Claro o Telefónica ignoran las disposiciones legales vigentes a la hora de firmar contratos con los usuarios y usarias finales. Entre otras cosas se reservan el derecho de bloquear ciertos tipos de tráfico de internet como voz sobre IP, vulnerando así un principio que se conoce como “neutralidad de internet”. En una de sus últimas investigaciones APC analiza este principio y lo ilustra con ejemplos tanto de la legislación peruana como de las prácticas de las empresas de telecomunicaciones de ese país.

La región andina presenta los índices de penetración de teléfonos fijos, móviles y banda ancha más bajos de América Latina, el continente más desigual del mundo. En los años 90 los países andinos adoptaron políticas de liberalización y privatización para lograr un acceso universal a las telecomunicaciones. Casi veinte años después estas promesas no se cumplieron. APC realizó investigaciones nacionales en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para entender las razones de este fracaso. A su vez en algunos de estos países el Estado asumió un rol más protagónico y las investigaciones analizaron las oportunidades y desafíos de esta nueva coyuntura. El objetivo último es que la sociedad civil de la región cuente con elementos sólidos para asegurar poíticas inclusivas y democratizadoras que garanticen una banda ancha para todos y todas.

La situación de las telecomunicaciones en Benín es singular: la cantidad de empresas GSM instaladas durante el régimen de Mathieu Kérékou llevó a la población a tener tres, cuatro, y hasta cinco tarjetas SIM para sus necesidades cotidianas de comunicación. Facilitaban esta situación la corrupción y unos precios excesivos; hubo que esperar la llegada al poder del presidente Yayi Boni, en 2006, para que se pusiera en marcha una reforma del sector, acompañada de una reducción de los precios. A partir de ese momento, los/as consumidores/as benineses/as empiezan a notar significativos avances en el sector de las telecomunicaciones. No obstante, las redes no están interconectadas y resta camino por recorrer en lo referente a las TIC y a la regulación del sector de las telecomunicaciones, tanto más dentro de un entorno legislativo y regulatorio favorable a la inversión.

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) lanzan una versión radiofónica de la Carta de APC sobre derechos en internet, disponible en internet en forma de podcasts para que los medios comunitarios, blogs y sitios que los deseen puedan reproducirlos y adaptarlos libremente. El proceso de producción incluyó varios meses de investigación y compilación de ejemplos de ejercicio o violación de cada derecho, en el que se consultó a miembros y socios de APC.

El miembro de APC ZaMirNET ha trabajado duro para revelar la verdad sobre los crímenes de guerra cometidos durante las guerras yugoslavas entre 1991 y 2001. A fines de octubre, la organización se unió a una iniciativa para establecer un organismo regional que exponga la verdad sobre los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia, lo que ayudará a que se haga justicia y a que no se repitan en el futuro. Hace poco, también dieron pasos importantes en cuanto a iniciativas de inclusión electrónica y acceso a los servicios públicos para quiénes no pueden ver: entre otras cosas, se lanzó un nuevo portal web para los profesionales de las TI y el público en general.

El informe regional señala que “el proceso del Foro de gobernanza de internet mostró que hay consenso entre todos los sectores en cuanto a la incapacidad de los modelos que se basan solo en los enfoques de mercado para brindar acceso a las TIC para todos y todas. […] La coherencia política y regulatoria en el sector de las telecomunicaciones es clave para generar un entorno favorable para el acceso a las TIC. La región de América Latina y el Caribe debe fortalecer su capacidad para participar efectivamente en el diseño de la agenda global de las políticas de TIC, que tiene un impacto sobre los contextos nacionales y regionales”. También está disponible en español la introducción a GISWatch sobre acceso a infraestructura.

“Estamos aquí para discutir las estructuras y políticas de gobernanza de internet, y en esta tercera reunión del FGI debemos llegar más lejos, construyendo a partir del notable trabajo realizado por este foro hasta el momento. Avancemos paso a paso hacia un entorno de internet basado en los derechos humanos, la inclusión, la apertura, el interés público, la promoción del desarrollo sustentable de las sociedades respetando las culturas y diversidad locales”, dijo Graciela Selaimen en el panel inaugural del Foro de goberanzna de interent que se está llevando a cabo en India. También resaltó que “puede ser también un espacio de deliberación y toma de decisiones participativo”.

¿Cómo lograr que el acceso a internet sea un derecho humano del que gocen todos y todas? Esta es una de las preguntas claves que plantea una publicación anual en la que se destaca la importancia del acceso de las personas a la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (y dónde y cómo se está logrando, o no, en cada país) y qué se puede hacerse al respecto.