A continuación, se presentan los temas y las tendencias en políticas y regulaciones empezando con los que se asocian directamente con un potencial a favor de los pobres.
Políticas de acceso universalLa perspectiva política “estándar” de acceso universal, según las
recomendaciones de la Unión Europea y el Banco Mundial, incluye la
creación de un fondo de acceso universal (FAU) administrado por un
regulador independiente y financiado por los principales operadores del
sector. Esto suele combinarse con otras medidas, pensadas para brindar
acceso en zonas que el mercado ha dejado sin servicios. Existen muchas
maneras de gestionar los FAU
[2]. La gestión puede estar a cargo de un ministerio gubernamental;
de fondos de fideicomiso, creados con ese fin, que pueden ser incluso
multisectoriales; o de organismos especializados, separados del ente
regulador. La financiación puede provenir directamente del gobierno, de
licitaciones del espectro, o de los servicios postales, mediáticos y de
transporte.
Desde mediados de los años 1990, sobre todo en América Latina, el
principal mecanismo de los FAU utilizado para lograr el acceso
universal ha sido el de las licitaciones con el menor subsidio.
Mediante este mecanismo, se otorgan licencias para extender los
servicios hacia zonas carenciadas a quien solicite el subsidio más bajo
en una licitación. Esto llevó, en varios casos, a la rápida viabilidad
comercial de nuevos servicios y a un importante crecimiento en el
acceso. Entre los factores del éxito estuvo la selección de lugares
utilizando una perspectiva jerárquica. En Chile, por ejemplo, las
autoridades locales, las organizaciones comunitarias y las empresas de
telecomunicaciones entregaron listas entre las cuales las autoridades
regionales hicieron luego una selección[3].
De todas maneras, el grado de viabilidad comercial de los “subsidios
inteligentes” para los proveedores de servicios de red en las zonas
rurales va decayendo a medida que las zonas que siguen sin servicios se
vuelven cada vez más pobres y más remotas. La experiencia positiva de
América Latina fue, hasta cierto punto, resultado de subestimar
inicialmente la demanda y la voluntad de pagar por telefonía, incluso
entre las personas pobres. También hay muestras de necesidad de que las
políticas actuales de apoyo, luego del subsidio inicial, logren la
sustentabilidad, como el pago por interconexión asimétrica
[4] (implementado en Chile, Colombia y Uganda, por ejemplo) y la
continuación de firmes regulaciones para detener las conductas
anticompetitivas de los operadores dominantes
[5].
El uso de los FAU para brindar acceso a internet ha resultado, en muchos casos, más complicado comercialmente, ya que el servicio carece del mismo grado de demanda y los ingresos potenciales son bastante menores. Sin embargo, la provisión de internet es ahora un componente aceptado del acceso universal y se ha difundido en algunos lugares, como escuelas, ONG, centros de salud y otros servicios sociales.
Los últimos enfoques sobre acceso universal van más allá. Por ejemplo, están financiando los servicios de banda ancha, experimentando con enfoques tecnológicamente neutros (eliminando las restricciones de tecnología, como la VoIP, que se pueden usar) y fomentando la experimentación con plataformas de bajo costo, como las redes de acceso inalámbrico y banda ancha. Por ejemplo:
También existe un movimiento para conseguir más espectro sin licencia. Ahora existen licencias dedicadas en varios países para que las empresas pequeñas de telecomunicaciones puedan ofrecer todos los servicios.
Hay quienes siguen argumentando que la liberalización será, con el
tiempo, la solución completa para el acceso universal. El crecimiento
exponencial del acceso a telefonía móvil en la mayoría de los países en
desarrollo que están adoptando un enfoque a favor del mercado, e
incluso en algunos lugares que aún no lo han hecho, confirma ese punto
de vista. El crecimiento de la telefonía móvil sigue siendo muy
importante en África – 39% anual durante dos años, hasta fines de 2007
– y en Asia ocurrió un saludable crecimiento anual de 28% durante el
mismo período
[9]. Algunos servicios de valor agregado que están disponibles a
través de los teléfonos móviles, como los servicios financieros (“banca
m” o “dinero m”), e incluso las remesas, de relevancia directa para las
familias y las comunidades pobres (hay ejemplos exitosos en Kenya, con
casi dos millones de usuarios/as, y en Tanzania, Sudáfrica y
Filipinas), también se facilitan, o incluso se estimulan desde las
acciones políticas y reguladoras
[10].
Sin embargo, aún subsisten grandes brechas, sobre todo en las áreas
más pobres y menos pobladas. La telefonía móvil, a pesar de su
funcionalidad y sus aplicaciones, todavía ofrece un acceso limitado a
internet, en general, con tarifas que no están al alcance de los
pobres. La asequibilidad de la telefonía móvil no se ha resuelto
correctamente y su uso sigue fuera del alcance para muchas personas
pobres, incluso cuando hay acceso a la red. A pesar de los servicios
disponibles a través de la telefonía móvil, el acceso universal debe ir
más allá de la perspectiva del mercado en ciertos aspectos claves para
constituir un enfoque de las TIC como bien público[11].
Esa perspectiva estaría a favor de una presencia de internet y de TIC
asequibles en base a la idea de que el bien público aumenta y se logra
con mayor eficiencia si casi todo el mundo está conectado.
Uno de los problemas fundamentales de las políticas de acceso
universal y regulación es garantizar que el beneficio sea para las
personas y las comunidades pobres, y no sólo para los sectores más
prósperos de lo que en general son comunidades pobres (es decir, que no
sólo sean los y las más privilegiados los que pueden utilizar los
servicios). Desde esta perspectiva, un enfoque a favor de los pobres
puede ser la convergencia entre políticas de TIC y de desarrollo, donde
la meta no sea simplemente asegurar el acceso a las TIC, ni volverlas
asequibles para los pobres, sino también fomentar la capacidad de las
TIC para el empoderamiento de las personas y las comunidades pobres[12].
Las formas de combatir la pobreza son variadas. Sudáfrica, desde el
principio, creó telecentros como forma de brindarle acceso universal a
la telefonía e internet a las personas pobres, y en muchos casos se
ofrecían otros servicios. El éxito fue variado[13],
pero los programas de los telecentros se volvieron parte de la política
de acceso universal en muchos otros países.
Algunas iniciativas se basan en productos cuyo objetivo es la
pobreza. En India, el proyecto estatal Akshaya, lanzado en 2002
[14], comenzó como proyecto piloto y ahora funciona en todo el
estado. La meta es construir una red de “kioskos” comunitarios rurales
en cada pueblo. Lo más notable de este enfoque es que el estado ofrece
banda ancha subsidiada a los empresarios sociales que establecen los
centros. El mandato a favor de los pobres se deriva de un rol
legalmente definido de los organismos elegidos por el pueblo
(panchayats) para el gobierno de los kioskos, e incluye cierta
influencia a la hora de fijar las diversas tarifas según las
necesidades, así como el requisito de que un miembro de cada familia
del pueblo reciba capacitación en TIC.
Otros ejemplos en base a principios similares de participación
comunitaria y beneficios socializados se puede encontrar en las
cooperativas telefónicas de Argentina y Polonia, y el caso inusual de
una junta de usuarios de riego en Perú, que creó y gestiona un servicio
de telefonía y de internet Wi-Fi
[15]. Esas redes comunitarias se proponen ofrecer capacitación
dentro de la comunidad en cuanto a la gestión empresarial, mantener las
ganancias dentro de la comunidad y redirigir los excedentes hacia
actividades del desarrollo
[16].
Se puede ver un análisis detallado sobre varios modelos empresariales
gubernamentales, del sector público/privado y comunitarios en el módulo
sobre implementación de proyectos a nivel comunitario de este kit de
herramientas.
Nigeria, Kenya y Uganda se encuentran entre los países que han abierto espacios de regulación en su política nacional para este tipo de iniciativas, que pueden no ser inherentemente a favor de los pobres, pero se pueden tomar medidas políticas y regulatorias para que estén disponibles en zonas pobres, incluyendo la participación de las propias comunidades. Por ejemplo:
La perspectiva a favor de los pobres se centra en las necesidades de
los pobres y las mismas van más allá del acceso y la asequibilidad de
las TIC. Las medidas políticas pueden ayudar a ofrecer contenidos y
servicios adecuados para cubrir estas necesidades más generales. Muchas
comunidades pobres se encuentran fuera del alcance real de los
servicios sociales y públicos, y las TIC pueden facilitar la prestación
a distancia, reduciendo los costos de suministro a largo plazo. Por
ejemplo, el Plan Nacional de Gobernanza Electrónica de India incluye un
programa muy bien financiado para crear 100.000 Centros de Servicios
Comunes (CSC) en zonas rurales, considerados plataformas de provisión
de servicios gubernamentales, privados y sociales[19].
Se contratan pequeños/as empresarios/as de cada pueblo para ofrecer los
servicios y crear los centros, cobrando tarifas previamente acordadas.
La idea es que los subsidios para la provisión de servicios claves del
gobierno hagan viables a los centros, permitiéndoles ofrecer un abanico
más amplio de servicios, a precios asequibles. Si esto se hiciera desde
una perspectiva de empoderamiento de la comunidad, el impacto sería aún
mayor
[20].
El impacto de las iniciativas de ese estilo sobre las personas pobres es difícil de juzgar, ya que no se han hecho evaluaciones sistemáticas. Pocas estrategias de TIC consiguieron apoyo financiero; varias consisten en poco más que un conjunto de ideas de proyectos a presentar ante varios donantes y ministerios sectoriales. Algunas no logran establecer prioridades y sin duda, varios países han producido planes y estrategias de TIC que se superponen, cada uno financiado por un donante diferente. El Plan NICI 2010 de Rwanda (que se extendió a 2020) se encuentra entre los más ambiciosos y sitúa explícitamente a las TIC en el corazón de este plan general de desarrollo, de modo que atrae buena parte de la financiación para el desarrollo. El Plan de Gobernanza Electrónica de India, ya mencionado, es otro ejemplo.
Sin embargo, la disponibilidad de financiación de este tipo para implementar estrategias de TIC y de gobierno electrónico es la excepción, no la regla; tampoco ha sido siempre la intención. La posibilidad de obtener beneficios indirectos también fue parte de la lógica de dichas estrategias. Uno de los objetivos era nutrir un diálogo estratégico a todo nivel y más amplio entre los ministerios y las instituciones tradicionales de TI, y los ministerios sectoriales de industria, salud, educación, desarrollo rural y demás; además de involucrar a todos los interesados/as posibles. Los esfuerzos dirigidos a la oficialización de las TIC a nivel político tuvieron cierto éxito en varios países, entre otros Mozambique.
Si hoy la tendencia parece ser el alejamiento de las estrategias
amplias en favor de las políticas sectoriales de TIC – e-gobernanza,
e-salud, e-educación, etc. – esto puede constituir una manera de medir
el éxito. Las estrategias que mantienen una perspectiva progresiva y
jerárquica han tenido poco éxito, mientras las basadas en una
perspectiva orgánica e incremental “con el foco puesto en la creación
de fundamentos tales como la capacidad educativa, la política y la
regulación, la infraestructura, los contenidos y la provisión de
servicios”
[23] han sido más exitosas.
Las políticas que influyen sobre el acceso asequible a las TIC son muchas más que las destinadas explícitamente a alcanzar el acceso universal y el alivio de la pobreza.
La ausencia de redes centrales de fibras ópticas funciona como un cuello de botella y sube los precios más allá del alcance de las personas pobres, además de limitar la funcionalidad de los servicios disponibles. La prestación a distancia de servicios de educación, salud y otros contenidos requiere bastante ancho de banda. Las políticas de acceso universal que apuntan al empoderamiento apoyando, por ejemplo, el surgimiento de redes comunitarias y de sistemas de acceso inalámbrico a la banda ancha también requieren de bastante ancho de banda. El acceso satelital, única opción en muchas regiones pobres y rurales, es muy costoso, tiene alta latencia (es decir, retraso temporal entre emisor/a y destinatario/a) y es poco confiable en ciertas condiciones climáticas. Las redes ubicuas, baratas, confiables y de alta velocidad abren oportunidades para todo el mundo, especialmente para la elaboración de enfoques innovadores en relación a soluciones de TIC para los pobres. La escasez de estructuras centrales nacionales de fibras ópticas es especialmente evidente en África, pero también afecta a los países más pobres de Asia.
Hasta cierto punto, lo que hay detrás del problema son deficiencias
políticas
[24].
El tipo y el alcance de la liberalización, superpuesto con las
instituciones de telecomunicaciones y los operadores de líneas fijas
existentes, rígidos pero a la vez, frágiles, generó fallas en la
naturaleza de los regímenes y servicios que surgieron. Por ejemplo, la
red de líneas fijas, lejos de experimentar el crecimiento esperado, se
restringió en muchos países. Éste fue el resultado de la falta de
visión estratégica y de obstáculos políticos e institucionales, además
de costos fijos que al principio fueron inevitablemente caros. En buena
parte de África subsahariana y otros lugares, la liberalización
reforzó, o alentó, a los operadores verticalmente integrados con las
redes extremo a extremo. Aunque las redes troncales son extensas, la
mayoría comprende microondas y satélites de los operadores móviles y
están diseñadas para el tráfico de voz. Algunos gobiernos incluso
restringen el tipo de tecnologías que se pueden instalar y prohíben que
los operadores vendan en exceso la capacidad de la banda ancha. En
consecuencia, las perspectivas de banda ancha universal están poco
claras en varios países en desarrollo. La gente que vive en países de
ingresos bajos, que representa el 38% de la población mundial,
constituye hoy sólo el 1% del total de abonados y abonadas del mundo a
la banda ancha fija
[25].
En los casos en que se resuelven parcialmente los problemas de la infraestructura troncal, por ejemplo, en Kenya y en Nigeria, el ancho de banda se liberó y se atrajeron nuevos proveedores de infraestructura troncal, ampliando la capacidad y reduciendo los precios. En Kenya, al levantarse las restricciones sobre la VoIP, en 2004, disminuyó casi 80% el costo de las llamadas internacionales26; y en India se espera que el precio de las llamadas nacionales de larga distancia baje a la mitad, y el de las llamadas internacionales se reduzca 20%27. Esto beneficiará a muchas personas pobres, generando beneficios económicos y sociales gracias al contacto con amigos y familiares en el exterior. Sin embargo, estas cosas ocurren sólo en los principales centros urbanos, donde ya existen cableados de fibra óptica y donde surgen las mejores oportunidades de mercado. Es poco probable que los incentivos del mercado por sí mismos, incluso con apoyo regulatorio, proporcionen la inversión necesaria para brindar acceso a la banda ancha en las zonas más rurales.
La cuestión política y regulatoria es cómo conseguir una
infraestructura troncal de alta velocidad para las zonas rurales y cómo
asegurar que responda a las necesidades de los pobres. En este caso, se
necesitan más acciones y algunas ya se han probado[28].
Un factor crucial para el éxito de estas acciones es la implementación de una perspectiva de “acceso abierto” por la cual todos los actores (incluso a nivel local) puedan conectarse en un entorno tecnológicamente neutro, a precio de costo, con un subsidio que asegure la asequibilidad del servicio.
Es fundamental mantener un firme control regulatorio o público sobre el precio de los servicios y la calidad, además de aplicar medidas de discriminación positiva para garantizar que los beneficios vayan a las comunidades pobres. Esto indica que el tercer modelo mencionado debería ser el más eficaz, al otorgarle el papel principal al interés público. El consorcio podría incluir a una serie de entidades públicas activas en el área con necesidades de comunicación, como las instituciones de educación y salud. Sin duda, el gobierno y los servicios públicos podrían convertirse en los principales arrendatarios y asegurar la viabilidad al garantizar la adquisición de una proporción importante de la banda ancha disponible en el contexto de la implementación de estrategias más generales de gobernanza electrónica.
India, por otro lado, ofrece un ejemplo de proveedor de servicios
estatal, BSNL, que empezó hace poco a construir una red de fibra óptica
rural, moderna y extensa. Según un funcionario del Ministerio de TI,
todos los pueblos de India se encuentran dentro de un radio de 25
kilómetros de distancia de un cable de fibra óptica
[29]. BSNL posee la gran mayoría de las infraestructuras troncales
y tiene el ambicioso plan de tender fibra óptica por todas partes del
país, brindando una extensa cobertura rural (si bien, por el momento,
permanece subutilizada). Al mismo tiempo, se ve obligada a vender
líneas arrendadas troncales de forma regulada – aunque quizá no lo hace
tanto como podría
[30].
Esto no hace sino recalcar que un factor clave para el éxito es contar
con una firme regulación de BSNL en relación a los precios en base a
costos y la calidad del servicio.
En las situaciones más nuevas, los costos financieros y legales de
obtención de derechos comunes de pasaje se pueden compartir entre los
proveedores de comunicación, electricidad, vías férreas y otros tipos
de infraestructura. Los polos, ductos y generadores de energía se
pueden usar con múltiples propósitos. Ya en 1999, las tres agencias
reguladoras de Brasil, en telecomunicaciones, electricidad y petróleo,
decidieron especificar un marco regulatorio común para compartir
infraestructura. En Camerún y Nigeria, se pusieron varios servicios
públicos a cargo del regulador de telecomunicaciones, facilitando las
medidas que van desde la obligación de compartir infraestructura
pasiva, hasta incentivos y lineamientos financieros. El regulador
recién creado de Líbano también declaró su intención de promover que se
comparta la infraestructura pasiva en zonas donde múltiples operadores
no pueden construir infraestructura y donde hay importantes
cuestionamientos ambientales o sociales
[32]. En India y otros lugares se alienta a los operadores de
telefonía móvil a compartir antenas, energía, espacio físico y cableado[33],
y las recomendaciones políticas del ente regulador de India incluyen
incentivos financieros tales como subvenciones para licencias y
exención de impuestos
[34].
También existen diversos enfoques sobre compartir infraestructura
activa, en general, capacidad de fibras ópticas, según las
circunstancias. Algunos países tienen regulaciones sobre el uso al por
mayor o al por menor de las fibras ópticas que son propiedad de las
compañías de electricidad o de trenes, o el uso múltiple de fibras en
las líneas nuevas y existentes de la red eléctrica (Ecuador, El
Salvador, Kenya, Tanzania) y de las vías férreas (Ghana). Un ejemplo
transnacional es el oleoducto de Camerún-Chad, donde 12 de los 18
cables de fibra óptica instalados estarán disponibles para los
operadores de telecomunicaciones, atravesando muchas áreas rurales
[35].
Un estándar abierto es el que permite que todas las tecnologías de
la comunicación – y las personas – interactúen entre sí reconociendo y
adoptando normas comunes. Equipos abiertos significa disponer
públicamente de especificaciones técnicas de los equipos de TIC. Fuente
abierta es la expresión para referirse a los programas que ponen a
disposición de todos y todas, en forma gratuita, el “código fuente”,
permitiendo así que todos los programas se adapten a las necesidades
locales y dando origen a una comunidad global de ingenieros de software
que se ayudan entre sí; el movimiento de software libre es el más
grande, que también recalca la disponibilidad de programas gratuitos.
Espectro abierto es esencialmente lograr que todos y todas tengan
acceso a una banda ancha inalámbrica, sin necesidad de tener una
licencia[37].
Los beneficios potenciales y reales del software libre para el
desarrollo están ampliamente documentados[39],
aunque el tema seguirá siendo objeto de acalorados debates debido al
poder, los recursos y la cantidad de plataformas de usuarios y usuarias
de las empresas comerciales de software, sobre todo Microsoft. Varios
países y regiones están implementando políticas de apoyo al software
libre, como parte de su perspectiva de desarrollo, o a veces integradas
a sus estrategias de TIC, desde Brasil y Venezuela, hasta el estado de
Kerala, en India. Este último está por crear un Centro Internacional de
Software Libre con funciones muy amplias de apoyo e implementación de
software libre
[40].
Ecuador se unió a la lista en mayo de 2008, cuando el presidente emitió
un decreto por el cual se establece el uso obligatorio de software
libre en la administración y las instituciones públicas, salvo contadas
excepciones; ya hay proyectos piloto funcionando en dos ministerios. El
caso es interesante ya que estas medidas anticiparon la nueva
Constitución propuesta, finalmente adoptada en octubre de 2008, que
incluye un compromiso explícito con el derecho al acceso universal a
las TIC.
La radio y la televisión suelen considerarse tecnologías del pasado,
aunque siguen evolucionando y cambiando, ejerciendo una gran
influencia, a veces en zonas nuevas. Pueden ser tecnológicamente
innovadoras y cada vez están más entrelazadas con sus primos de las
telecomunicaciones e internet. Aparte de su función económica, el hecho
de que la mayoría de los países mantengan regulaciones relativamente
estrictas – y a veces control gubernamental directo – en una era de
desregulación es prueba de lo importantes que son esos medios en las
esferas políticas y culturales. La radio y la teledifusión son, por
lejos, el medio principal por el que las personas reciben información
del exterior
[41] y, lo más importante es que esto se aplica especialmente a las
comunidades pobres y alejadas.
La radio y teledifusión, si están bien reguladas, tienen el potencial de darle voz a las comunidades pobres, abriendo la puerta a una mayor influencia en las estructuras e instituciones sociales. Pero se trata de un área a menudo descuidada en las estrategias y políticas actuales de TIC, y su potencial a favor de los pobres se mantiene dormido.
Durante la última década, el crecimiento de las radios comunitarias – la más barata y más accesible de las TIC – es probablemente el rasgo más llamativo del sector. Todos los continentes se han visto afectados. En África, desde Malí hasta Camerún, y desde Senegal hasta República Democrática de Congo, pasando por Togo, Benín, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Níger y Chad, todos fueron testigos de la explosión de las radios comunitarias al punto que hoy suman miles. América Latina tiene una historia de radios comunitarias que se remonta medio siglo atrás, inicialmente ilegales, pero en los últimos años, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, México y Argentina, entre otros, desarrollaron políticas y están regulando el sector. La experiencia en Asia es más reciente, pero Bangladesh, Nepal, Tailandia, India e Indonesia otorgan ahora licencias de radio a las comunidades.
El proceso político y regulatorio que ha acompañado a estas florecientes estaciones radiales es muy desparejo y no es seguro si su potencial a favor de los pobres se podrá mantener en el futuro.
Nepal es un ejemplo que viene al caso en cuestión, ya que ilustra
algunos riesgos. Las estaciones comunitarias tuvieron un papel clave en
la restauración de la democracia y, como recompensa, el nuevo gobierno
concedió nuevas licencias a quienes las solicitaron. Se otorgaron
docenas de licencias en semanas, y cada vez había más interesados
sumándose a las filas. Pero las licencias no establecen distinción
entre las estaciones comunitarias y las comerciales, y ambos deben
pagar 4% de impuestos sobre sus ingresos, además de un importante
arancel anual sobre la radiodifusión. También existen pocas
protecciones regulatorias para garantizar que se responde al interés
público. En estas condiciones, las estaciones comerciales están
consolidando su base y excluyendo a los canales comunitarios; y los
políticos, así como los partidos políticos, pueden manipular a los
canales para hacer propaganda[42].
La televisión está creciendo también como medio en las comunidades
pobres. Sin embargo, la televisión comunitaria ha tenido escaso impacto
hasta ahora – salvo en un par de países latinoamericanos – por ser
costosa y porque requiere más conocimientos. Pero ha habido un
importante cambio en las políticas y las regulaciones durante la última
década: es evidente que se redujo enormemente el control gubernamental
sobre la programación, incluso en la televisión, sobre todo en África
y, un poco menos, en América Latina y partes de Asia
[43]. Pero en su lugar apareció la televisión comercial no
regulada, que suele apoyar tácitamente al gobierno y sólo busca
aumentar sus ganancias. Al mismo tiempo, la aspiración pública de
muchos de esos gobiernos es la opuesta: promover una televisión de
interés público.
Sin embargo, incluso cuando existen políticas y regulaciones
innovadoras sobre los estatutos, la implementación de las regulaciones
enfrenta una serie de problemas. Quizá el más importante sea la
limitación de la capacidad de los organismos reguladores, cuya mayoría
se creó hace poco en un ambiente político radicalmente alterado. No
sólo hay que encontrar e institucionalizar nuevos conocimientos, sino
que a menudo deben enfrentarse a los operadores con más recursos del
sector privado, que tienen décadas de experiencia en pasar por alto los
mayores esfuerzos de los reguladores. Las asimetrías de información –
por ejemplo, en torno a la fijación de precios – entre regulador y
regulado son difíciles de superar en las mejores circunstancias[45],
y la “captura” reguladora es común. Conseguir independencia y
credibilidad implica una interacción compleja y es algo que se logra
con el tiempo gracias a las acciones del regulador y las reacciones del
gobierno, el incumbente y los tribunales
[46].
También vale la pena mencionar una tendencia en este sentido: el surgimiento y la expansión de las asociaciones regionales de los organismos reguladores. Los ejemplos incluyen a la Asociación de Reguladores de Comunicación de África del Sur (CRASA) y Regulatel en América Latina. En otros casos, la cooperación se da al amparo de alianzas políticas más generales, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Comunidad Económica de Estados Occidentales de África (ECOWAS). Su agenda incluye inicialmente la formulación de políticas regionales, experiencias de investigación e intercambio, y capacitación. ECOWAS adoptó en 2007 un acuerdo que cubre políticas de TIC, el régimen legal, la interconexión, la numeración, la gestión del espectro y el acceso universal.
b) Poner a disposición, en las bandas adecuadas de GHz, el espectro que aún no ha sido licenciado.
c) Se puede incrementar la sustentabilidad y/o la asequibilidad permitiendo el pago de tarifas asimétricas de interconexión, incluso más allá de lo que se justifica por las diferencias de costo, como un subsidio para las comunidades más pobres.2. Los FAU y la política se pueden usar también para apoyar objetivos más amplios de desarrollo usando medidas para promover la creación de empleos y la capacitación:
a) Otorgando licencias y apoyando a las pequeñas empresas y las cooperativas que ofrecen varios servicios entre los que se incluye la telefonía, internet y otros, que pueden generar empleos locales y aumentar el conocimiento.b) Los FAU se pueden usar para brindar acceso a créditos, capital de acciones u otorgar préstamos para microempresarios proveedores de servicio telefónico siguiendo el modelo de Grameen, o de manera más ambiciosa, a las empresas cooperativas locales que ya tienen licencias.
c) Cuando sea posible, la banda ancha subsidiada es una opción de apoyo a las empresas sociales comunitarias.d) Se podría dar apoyo tanto al acceso a internet como al desarrollo de contenidos en las áreas de educación, salud, ONG y actividades de desarrollo, trabajando en estrecha colaboración con los intereses comunitarios.
e) El FAU podría apoyar la creación de estaciones de radio comunitaria: un canal de radio comunitaria se puede fabricar y equipar a un costo menor que una única torre de telefonía móvil, y habría que priorizar a las comunidades pobres a la hora de otorgar las licencias.3. La disponibilidad limitada de infraestructura troncal de banda ancha, especialmente en fibra óptica, de las zonas rurales se puede superar a través de una serie de medidas regulatorias, según las circunstancias:
a) Regular para obligar a los operadores a compartir o vender capacidad de la infraestructura troncal puede constituir una opción, incluyendo, por ejemplo, un backhaul móvil.b) Regular para promover y facilitar el compartir de la infraestructura pasiva y activa y las instalaciones, como derechos de paso, pilotos y antenas, además de conductos, junto con las instalaciones de fibra óptica e inalámbricas.
c) Introducir regulación de “acceso abierto” a fibra óptica ya existente o nueva, y abrir el Mercado a una diversidad de servicios con valor agregado pequeños, medios o grandes.d) Ofrecer apoyo político, según las circunstancias, para la creación de consorcios dirigidos en base a políticas públicas para construir cables de fibra óptica, incluso con inversión pública.
5. Los estándares abiertos, al igual que los equipos abiertos, la fuente abierta y el espectro abierto pueden, tanto de a uno, como combinados, apoyar la capacitación y ayudar a modelar la provisión de servicios en relación a las necesidades de las comunidades. La política puede ser importante para fomentar estas perspectivas, por ejemplo a través de contrataciones públicas y lineamientos, y en decisiones políticas más activas para favorecer su implementación.
| Proyecto | Descripción del proyecto |
Lo más destacable
|
| Provisión de acceso universal: FITEL, Perú | Este programa ofrece mecanismos para minimizar el subsidio requerido por las empresas comerciales de telecomunicaciones para extender la red hacia zonas no comerciales asignando la licitación al postor que pidiera el subsidio más bajo. | FITEL, en Perú, ofrece un ejemplo temprano y exitoso de fondo de acceso universal que adoptó un enfoque innovador para lograr el acceso en las zonas rurales, y que ahora se ha replicado en varios lugares: la licitación a favor de quien solicite el subsidio más bajo. A pesar de los errores, este programa pionero generó varios beneficios sociales y desde entonces se han expandido las actividades desde la telefonía pública para incluir el acceso a internet. |
| Infraestructura central de banda ancha rural: Un estudio de caso de las diversas perspectivas y potenciales | Una mirada a las diferentes perspectivas sobre la extensión de una infraestructura troncal de fibra óptica hacia las zonas rurales. | Este estudio de caso presenta varias opciones para la provisión de una infraestructura troncal de banda ancha en la zona rural, desde la inversión directa por parte de un operador del gobierno (como en India), pasando por la provisión de una infraestructura troncal de fibra óptica de “acceso abierto” a través de un consorcio público/privado (como se propone en algunas partes de África), hasta mecanismos que alienten a compartir infraestructura y construir infraestructura complementaria. |
| Políticas de inclusión digital: algunas lecciones de India | Análisis de la política de inclusión digital en India, en particular, el esquema de Centros de Servicios Comunes (CSC) del Plan Nacional de Gobernanza Electrónica. | Este estudio de caso analiza una serie de iniciativas de inclusión digital en India. Incluye un análisis de los desafíos que enfrenta el esquema de los CSC para garantizar la provisión de servicios de desarrollo en forma socialmente inclusiva, usando la infraestructura rural de TIC para su construcción. |
| Proyecto | Descripción del proyecto | Lo más destacable |
| Uso de las redes móviles para el intercambio de datos de bajo costo: la Red Mozambiqueña de Información de Salud (RMIS) | Los trabajadores y trabajadoras de la salud usan redes móviles y dispositivos ADP para implementar la promesa del gobierno de ofrecer servicios de salud a las comunidades. | El uso de TIC por parte del Ministerio de Salud de Mozambique para alcanzar un objetivo de desarrollo (la salud) más amplio es un ejemplo de oficialización de las TIC en los sectores del desarrollo. |
__________
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| English | 178.36 KB |
| Español | 170.37 KB |
| Français | 183.72 KB |
Seán Ó Siochrú
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| English | 97.61 KB |
| Español | 105.14 KB |
| Français | 105.28 KB |
FITEL, en Perú, constituye un ejemplo temprano y exitoso de fondo de acceso universal que adoptó un enfoque innovador para promover el acceso en zonas rurales, ahora ampliamente adoptado: la subasta al menor subsidio. Se trata de un mecanismo eficiente para minimizar el subsidio requerido para que las empresas comerciales de telecomunicaciones extiendan su red hacia zonas no comerciales, otorgándole el contrato al licitante que solicita el menor subsidio. A pesar de los defectos, este programa pionero generó una serie de beneficios sociales y las actividades se expandieron, desde entonces, desde la telefonía pública hasta la provisión de acceso a internet.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| English | 65.57 KB |
| Español | 64.96 KB |
| Français | 66.04 KB |
India está considerada una generadora
de TI pero sigue siendo el país con mayor número de personas pobres del
mundo.
La experiencia de India con las políticas de inclusión digital puede
entonces
servir de lección para otros países en desarrollo. Este estudio de caso
ofrece
un análisis del ambicioso esquema de los Centros de Servicios Comunes
(CSC) del
Plan Nacional de Gobernanza Electrónica. Se analizan los problemas del
esquema
para garantizar el suministro de servicios de desarrollo de manera
socialmente
inclusiva utilizando la infraestructura rural que se está construyendo
en base
a las TIC.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| English | 92.52 KB |
| Español | 99.5 KB |
| Français | 95.44 KB |